Marcelo Ariel Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos ocurridos en Villa Cañás, entre ellos el ataque al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Cándido Santa Cruz, a quien amenazó y agredió físicamente en la vía pública.
La resolución fue adoptada en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, donde el juez Leandro Martín homologó un procedimiento abreviado en el que el acusado aceptó su responsabilidad penal. La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien reunió la evidencia que permitió acreditar los hechos y avanzar con el acuerdo presentado ante la Justicia.
El episodio principal ocurrió el 7 de junio de 2026, cuando Rodríguez interceptó a Santa Cruz en la vía pública (Avenida 51 y Calle 56). Según la acusación fiscal, el condenado estaba acompañado por su hijo y le exigió al funcionario municipal que eliminara multas de tránsito que pesaban sobre él.
En ese contexto, Rodríguez amenazó de muerte al secretario de Gobierno y luego lo agredió físicamente. Como consecuencia del ataque, Santa Cruz sufrió lesiones que fueron constatadas por personal médico.
La causa incorporó distintos elementos probatorios, entre ellos la denuncia de la víctima, informes médicos, actuaciones policiales y registros de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia del hecho y corroborar aspectos centrales de la agresión denunciada.
Para la Fiscalía, el caso no se trató solamente de un ataque contra una persona, sino también de un intento de condicionar por la fuerza el accionar de un funcionario municipal en ejercicio de sus responsabilidades.
En el marco del procedimiento abreviado, Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas e intento de hurto agravado por la participación de un menor de edad. A partir de ese reconocimiento y del acuerdo alcanzado entre las partes, se dispuso una pena única de cinco años de prisión efectiva.
Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que las amenazas, las agresiones y los intentos de imponer decisiones mediante presión o violencia tendrán una respuesta judicial acorde a la gravedad de los hechos investigados.
Además del ataque ocurrido en Villa Cañás, el acuerdo también incluyó un hecho anterior, registrado en agosto de 2023, vinculado con un intento de sustracción de autopartes en el Puesto Policial de Santa Emilia. Según la acusación, ese episodio fue cometido junto a otras personas, entre ellas un menor de edad, motivo por el cual también integró la calificación legal homologada por la Justicia.
