La Justicia dictó este miércoles la prisión preventiva ordinaria para D. J. E., de 23 años, y D. M. M., de 40, los dos empleados rurales investigados por el robo de armas de fuego y agroquímicos ocurrido el 5 de julio en la Estancia Los Ángeles, ubicada en jurisdicción de Villa Cañás. Ambos permanecerán detenidos mientras continúa la investigación penal.
La resolución fue adoptada por la jueza Andrea Cavallero durante una audiencia que se extendió por más de tres horas en la Oficina de Gestión de Audiencias de Venado Tuerto. La medida había sido solicitada por la fiscal Mayra Vuletic, quien está a cargo de la investigación.
Imputados por dos hechos de robo calificado
Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación contra los dos acusados como coautores de dos hechos ocurridos durante la misma madrugada. A ambos se les atribuyeron dos robos calificados cometidos en despoblado y en banda, aunque con diferentes agravantes según cada episodio.
En el primero de los hechos, vinculado con el ingreso al chalet principal del establecimiento y la sustracción de armas, la calificación incluyó además daños calificados. En el segundo, correspondiente al robo de agroquímicos almacenados en un galpón, se incorporó el agravante relacionado con la naturaleza de los productos sustraídos.
Cavallero dio por formulada la imputación y resolvió imponer a D. J. E. y D. M. M. prisión preventiva ordinaria por el plazo establecido por la ley procesal.
Las defensas habían propuesto medidas alternativas
La fiscal Vuletic solicitó durante la audiencia que los dos imputados continuaran privados de su libertad. Las defensas se opusieron al planteo y propusieron distintas alternativas para que los acusados pudieran transitar el proceso fuera de prisión.
La defensora María Cecilia Tosco, representante de D. M. M., planteó la posibilidad de establecer reglas de conducta en reemplazo de la prisión preventiva. Por su parte, Gisela Figuera, defensora de D. J. E., adhirió al pedido y ofreció otras condiciones para garantizar su sometimiento al proceso.
Entre las medidas propuestas se encontraban la constitución de domicilio en Villa Huidobro, provincia de Córdoba, presentaciones periódicas en una dependencia policial y la prohibición de mantener contacto con víctimas y testigos. La jueza rechazó las alternativas y aceptó el pedido formulado por la Fiscalía, por lo que ambos seguirán detenidos.
El robo investigado ocurrió el 5 de julio
La causa se inició por dos episodios registrados durante la madrugada del 5 de julio en la Estancia Los Ángeles. Según la acusación fiscal, los autores ingresaron primero al chalet principal después de violentar rejas y accesos e intervenir distintos dispositivos de seguridad.
Del inmueble fueron sustraídas varias armas de fuego de diferentes calibres y una mira telescópica. De acuerdo con la investigación, los involucrados también habían neutralizado medidas de seguridad del establecimiento y afectado la conectividad antes de ingresar.
Durante la misma madrugada, los autores accedieron además al sector utilizado para almacenar productos agroquímicos. Allí dañaron las cámaras de seguridad y violentaron uno de los accesos para permitir el ingreso de un vehículo, en el que posteriormente cargaron los productos sustraídos.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª de Villa Cañás y la pesquisa avanzó mediante análisis de comunicaciones telefónicas, registros de conversaciones de WhatsApp, testimonios e información aportada por personal del establecimiento.
El 14 de julio, la jueza Cavallero había autorizado un allanamiento en la Estancia Los Ángeles. A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía vinculó a los dos trabajadores rurales con los hechos y ordenó sus detenciones el viernes 21 de agosto.
La resolución adoptada este miércoles representa un nuevo avance en la causa. D. J. E. y D. M. M. continuarán privados de su libertad mientras la Fiscalía profundiza la investigación y procura determinar la eventual participación de otras personas que todavía no fueron identificadas.
El establecimiento también había sido escenario en mayo de la destrucción de 12 silobolsas que contenían más de 2.200 toneladas de granos. Hasta el momento no existen elementos judiciales que permitan vincular aquel episodio con los robos investigados ahora.
