La Navidad volvió a dejar en evidencia una deuda que la ciudad arrastra desde hace años: la distancia entre lo que se legisla y lo que efectivamente se controla. El Refugio Canino Municipal de Villa Cañás, acompañado por vecinos y vecinas afectados, elevó una Carta Abierta dirigida a la Municipalidad, al intendente Norberto Gizzi y al secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, en la que denuncia el incumplimiento de la Ordenanza N° 1038/15, que declara a la ciudad como “Territorio Libre de Pirotecnia”.
El reclamo no es menor ni aislado. Durante la noche de Navidad, la utilización masiva de pirotecnia sonora volvió a ser protagonista en distintos sectores de la ciudad, pese a la prohibición expresa vigente desde noviembre de 2015. Lejos de tratarse de un hecho anecdótico, las consecuencias fueron concretas y dolorosas: perros extraviados, animales desorientados y asustados, muchos de los cuales aún no lograron regresar a sus hogares.
En la Carta Abierta, el Refugio Canino advierte que la pirotecnia sonora “no es un festejo inofensivo” y recuerda que está científicamente demostrado su impacto negativo en animales y personas. Ataques de pánico, accidentes, crisis en niños con trastornos del espectro autista, afectación en adultos mayores, bebés y personas con discapacidad forman parte de un cuadro que se repite año tras año, con la misma constante: la ausencia de controles y sanciones efectivas.
El documento también deja al descubierto una situación que suma preocupación institucional. Según se detalla, desde el Refugio y vecinos se intentó abordar el problema por las vías formales, manteniendo reuniones presenciales donde se habrían recibido compromisos de intervención y solución. Sin embargo, aseguran no haber tenido respuestas ni acciones concretas por parte de las autoridades, ni de clubes, organizadores de eventos y ciudadanos que continúan utilizando pirotecnia.
La Ordenanza 1038/15 no deja lugar a interpretaciones. Prohíbe de manera expresa la comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de pirotecnia, y solo contempla una excepción para espectáculos autorizados, manipulados por personal especializado y en áreas habilitadas. Además, establece la obligación del Departamento Ejecutivo Municipal de realizar campañas de información, educación y difusión, una responsabilidad que también forma parte del reclamo actual.
El contraste con localidades vecinas es elocuente. En Teodelina y Santa Isabel, donde la normativa similar no solo existe sino que se controla, las celebraciones transcurrieron sin los estruendos que en Villa Cañás volvieron a quebrar la tranquilidad y a vulnerar derechos. Allí, la pirotecnia cero no es solo un lema: es una política pública efectiva.
La Carta Abierta concluye con una exigencia clara: explicaciones, controles reales, sanciones correspondientes y medidas urgentes para que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Porque cuando una norma no se hace cumplir, deja de ser una herramienta de protección y se convierte en un papel sin fuerza. Y cuando el Estado mira hacia otro lado, el ruido no solo molesta: lastima, expone y deja heridas que no se escuchan, pero se sienten.
Villa Cañás tiene desde hace una década una ordenanza que protege a los más vulnerables. El desafío ya no es legislar, sino cumplir. Y hacerlo cumplir. Porque la convivencia, la salud y el bienestar no deberían depender de la buena voluntad, sino del ejercicio responsable de la autoridad.
