La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que busca crear un sistema estadístico provincial para medir la informalidad laboral, una problemática que, según estimaciones, alcanza a cerca del 45% de la población económicamente activa santafesina.
La iniciativa, impulsada por la diputada Lucila De Ponti, propone que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) elabore indicadores periódicos para conocer cuántas personas trabajan fuera del sistema formal, en qué actividades se desempeñan y cuáles son las condiciones laborales que enfrentan.
El objetivo es construir información propia que permita diseñar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de trabajadores que hoy desarrollan tareas sin registración, aportes previsionales, cobertura social o protección laboral.
“La informalidad ya dejó de ser una excepción y es hoy un rasgo estructural del mercado de trabajo. ¿Cómo podemos buscar soluciones si nadie la mide con precisión?”, planteó De Ponti durante el tratamiento legislativo.
Un mapa más preciso de una realidad compleja
La propuesta no apunta únicamente a contar cuántas personas trabajan sin registración formal. El objetivo es construir una radiografía más profunda que permita entender quiénes son esos trabajadores, qué tareas realizan, dónde se desempeñan y cuáles son las condiciones concretas en las que generan sus ingresos.
Según explicó la autora de la iniciativa, el futuro relevamiento incluirá múltiples modalidades laborales.
“Vamos a medir todas las posibles formas de informalidad: trabajadores del sector privado no registrados, cuentapropistas, trabajadores de la economía popular, emprendedores, independientes y todas aquellas personas que no están protegidas por el derecho laboral o por la seguridad social, pero que todos los días salen de su casa a trabajar para sostener a sus familias”, explicó.
La intención es que Santa Fe pueda contar por primera vez con un mapa estadístico propio y actualizado sobre un fenómeno que atraviesa distintas actividades económicas y perfiles sociales.
Actualmente existen datos nacionales, pero los impulsores de la ley consideran que no alcanzan para comprender la complejidad santafesina.
Los fundamentos del proyecto señalan que los instrumentos estadísticos actuales presentan limitaciones territoriales. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por ejemplo, releva información principalmente en grandes centros urbanos como Gran Rosario, Gran Santa Fe y Villa Constitución-San Nicolás, dejando fuera otras realidades laborales importantes, como el trabajo rural o pequeñas localidades con dinámicas económicas propias.
Lucila De Ponti, diputada provincial.
Cómo funcionará el sistema
El proyecto establece que el IPEC procesará anualmente los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana (EPH-TU), elaborada por el INDEC, para generar indicadores específicos sobre informalidad laboral. Además, las mediciones deberán ajustarse a criterios metodológicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La norma también prevé la publicación anual de resultados en formatos abiertos y accesibles, con la posibilidad de realizar análisis comparativos en el tiempo.
Entre los objetivos planteados aparecen:
- Construir información estadística confiable y actualizada.
- Conocer la evolución de la informalidad laboral.
- Identificar actividades económicas con mayor precarización.
- Analizar diferencias por región.
- Detectar brechas vinculadas al género y la edad.
- Generar herramientas para futuras políticas públicas orientadas a la formalización laboral.
La iniciativa también prevé caracterizar la informalidad según modalidad ocupacional, sector económico, tamaño de establecimiento y variables sociodemográficas.
“Vamos a fijar indicadores por género, edad, región y actividad. Para formalizar de verdad hay que entender bien qué está pasando, a quiénes les pasa y cómo”, sostuvo De Ponti.
Un mercado laboral que cambió
Los fundamentos del proyecto describen un escenario laboral atravesado por transformaciones profundas. La expansión de nuevas tecnologías, la digitalización y las plataformas de trabajo modificaron las relaciones laborales tradicionales y generaron formas de empleo que muchas veces quedan por fuera de los sistemas de protección clásicos.
Servicios profesionales prestados a distancia, trabajadores de plataformas digitales, actividades independientes o nuevas modalidades de cuentapropismo forman parte de un universo laboral cada vez más amplio y heterogéneo.
Sin embargo, el problema no se limita únicamente a los nuevos formatos laborales.
El proyecto cita datos oficiales que muestran una tendencia sostenida: entre 2012 y 2024 el empleo privado registrado creció apenas un 2,6%, mientras que distintas formas de trabajo independiente crecieron un 65,5%.
Además, tomando estadísticas nacionales del tercer trimestre de 2024, los fundamentos indican que aproximadamente 7,9 millones de personas trabajaban en la informalidad en Argentina.
“Hay una economía que está generando empleo, pero este es crecientemente precario, sin protección legal ni beneficios establecidos por la ley”, advierte el texto legislativo.
Más allá de la registración
Uno de los puntos que aparece con fuerza en el debate es que la solución no pasa únicamente por incorporar trabajadores al empleo formal tradicional.
Durante la entrevista radial, De Ponti sostuvo que el contexto económico actual obliga a pensar nuevas herramientas.
“El sector privado hoy no está generando empleo; al contrario, lo está destruyendo. Entonces es necesario pensar otras formas posibles para permitirles acceder a derechos laborales, seguridad social, aportes jubilatorios, seguros de trabajo, salud y protección social”, afirmó.
La diputada remarcó además que disponer de información precisa permitirá identificar obstáculos específicos que hoy impiden avanzar hacia mejores condiciones laborales.
“Primero tenemos que medirlo realmente. Saber de qué porcentaje estamos hablando, cuáles son las dificultades y cuáles son las problemáticas que obstaculizan mejorar la situación”, señaló.
El proyecto también incorpora una dimensión política más amplia: reconocer institucionalmente a un sector laboral que muchas veces queda invisibilizado dentro de las estadísticas oficiales.
“Es una decisión política que ordena muchas otras discusiones: qué vidas entran en la contabilidad pública y cuáles quedan afuera”, expresó la legisladora.
Lo que viene
Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo en el Senado provincial.
Si logra convertirse en ley, Santa Fe contará con un sistema propio para medir la informalidad laboral de manera permanente y construir información estratégica para futuras políticas públicas.
El desafío de fondo, plantean quienes impulsan la norma, no pasa solamente por contar trabajadores informales, sino por comprender una realidad económica y social que atraviesa a cientos de miles de santafesinos.
Porque detrás de cada estadística hay personas que todos los días trabajan, generan ingresos y sostienen hogares, pero muchas veces lo hacen sin estabilidad, sin protección y sin derechos garantizados.
Y la apuesta del proyecto es justamente esa: empezar a mirar esa realidad con más precisión para poder intervenir sobre ella.
Proyecto completo presentado
