El régimen de subsidios al gas conocido como “Zona Fría” podría sufrir una modificación de alto impacto para millones de usuarios residenciales de la Argentina. El Gobierno nacional impulsa cambios que ya obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y que, de avanzar en el Congreso, reducirían el alcance del beneficio y provocarían aumentos en las facturas en gran parte del país.
La iniciativa oficial busca volver a concentrar los descuentos tarifarios en regiones históricamente alcanzadas por el sistema, manteniendo el subsidio pleno únicamente para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la zona de la Puna. En cambio, quedarían excluidas provincias y localidades incorporadas con la ampliación aprobada en 2021, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.
Actualmente, el régimen beneficia a cerca de 4 millones de hogares con descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas. Con el nuevo esquema, aproximadamente 1,2 millones de usuarios perderían parcial o totalmente la asistencia estatal. En Santa Fe 551 mil usuarios perderían los beneficios.
Qué cambiaría en las tarifas
La propuesta oficial plantea que los hogares de ingresos bajos mantengan parte de la ayuda económica, mientras que usuarios de ingresos medios y altos dejarían de acceder al beneficio en las zonas incorporadas durante la expansión del programa. El impacto final dependerá del nivel de consumo y de la región, pero especialistas anticipan aumentos sensibles en las facturas residenciales.
El Gobierno argumenta que el sistema actual dejó de ser financieramente sostenible. Según los fundamentos del proyecto, el fondo que financia el régimen —alimentado mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas— ya no alcanza para cubrir el costo del esquema vigente y requiere aportes adicionales del Tesoro Nacional.
Desde el oficialismo estiman que la modificación permitiría un ahorro fiscal cercano a los $272.000 millones.
Un beneficio creado para regiones de bajas temperaturas
El régimen de Zona Fría nació con el objetivo de compensar mayores costos energéticos en áreas con inviernos más severos. Originalmente alcanzaba principalmente a provincias patagónicas y algunas regiones específicas del país.
Sin embargo, en 2021 el universo de beneficiarios se amplió significativamente y pasó de alrededor de 950.000 usuarios a casi 4 millones de hogares, incorporando nuevas provincias y localidades. Esa expansión es justamente la que ahora el Gobierno busca revertir.
La discusión continuará en el Senado y promete abrir un fuerte debate político y económico, especialmente en provincias donde el descuento se convirtió en una herramienta clave para amortiguar el costo de los servicios durante el invierno.
