La investigación por la ola de amenazas en escuelas santafesinas registró avances significativos en el sur provincial. En el ámbito de la Fiscalía Regional Nº 3, con sede en Venado Tuerto, fueron identificados 17 presuntos autores de este tipo de hechos, en el marco de 33 denuncias recibidas en esa jurisdicción. En toda la provincia ya hay 73 personas identificadas, en su mayoría menores de edad, y avanzan medidas judiciales y reclamos para recuperar los costos de los operativos.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la mayoría de las amenazas consistieron en mensajes escritos en baños de establecimientos educativos que advertían sobre posibles “tiroteos”, lo que generó activaciones de protocolos de seguridad y operativos preventivos.
Un fenómeno extendido en toda la provincia
El reporte oficial actualizado al 21 de abril da cuenta de 404 denuncias en todo Santa Fe, distribuidas de la siguiente manera:
- 75 en la Fiscalía Regional Nº 1 (Santa Fe)
- 238 en la Fiscalía Regional Nº 2 (Rosario)
- 33 en la Fiscalía Regional Nº 3 (Venado Tuerto)
- 23 en la Fiscalía Regional Nº 4 (Rafaela)
- 35 en la Fiscalía Regional Nº 5 (Reconquista)
En ese contexto, el MPA confirmó que al menos 73 personas fueron identificadas como responsables, de las cuales aproximadamente el 95% son menores de edad.
Como parte de las investigaciones, se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de unos 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido, cartuchos de escopeta y proyectiles calibre .22.
Subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.
Reclamos económicos a las familias
En paralelo a la investigación penal, el Gobierno de Santa Fe activó un mecanismo administrativo para recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada amenaza.
El Ministerio de Justicia y Seguridad ya envió 39 notificaciones a personas identificadas, vinculadas a 32 casos en el centro-norte provincial, con el objetivo de que afronten los gastos generados. El monto total estimado asciende a unos 200 millones de pesos.
Desde la cartera explicaron que el procedimiento apunta a los padres o responsables legales, independientemente de la edad de quienes cometieron los hechos. Cada operativo tiene un costo que parte entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede superar los 11 millones según la magnitud del despliegue.
Trabajo articulado y advertencia oficial
Las autoridades destacaron que las identificaciones fueron posibles a partir de un trabajo coordinado entre el MPA y los organismos de seguridad, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir nuevas situaciones.
En ese marco, remarcaron que este tipo de amenazas no son consideradas una broma, sino conductas con consecuencias legales y económicas, que implican un uso intensivo de recursos públicos y generan preocupación en la comunidad educativa.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas identificaciones en los próximos días.
