Tras el caso de San Cristóbal, la Provincia endurece medidas, advierte sobre delitos penales y exige a las familias un rol activo en la prevención
La preocupación por las amenazas en escuelas de Santa Fe escaló en las últimas horas con un dato que encendió las alarmas: en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a intimidaciones en establecimientos educativos. En este contexto, el Gobierno provincial confirmó que avanzará en el cobro de los operativos a los responsables, cuyo costo se estima entre 5 y 6 millones de pesos por intervención.
La información fue brindada este lunes 20 de abril en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde autoridades de las áreas de Seguridad, Educación y Salud remarcaron que este tipo de hechos “no son una broma, sino un delito”, y advirtieron sobre consecuencias legales y económicas tanto para quienes los cometen como para sus familias.
Un fenómeno en expansión
El incremento de amenazas —muchas de ellas difundidas a través de redes sociales o vinculadas a desafíos virales— se da en un contexto de alta sensibilidad tras el hecho trágico ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, donde un alumno abrió fuego y provocó la muerte de un compañero.
A partir de ese episodio, se detectó una proliferación de mensajes intimidatorios, pintadas y falsas alarmas que obligan a activar protocolos de seguridad en distintas localidades de la provincia, afectando el normal desarrollo de las clases y generando preocupación en toda la comunidad educativa.
Costos millonarios y cobro a responsables
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que cada amenaza activa un operativo complejo que incluye la intervención de fuerzas policiales, servicios de salud y dispositivos de control.
“Cada procedimiento tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. Vamos a perseguir el cobro de esos gastos a los responsables identificados”, sostuvo el funcionario, quien advirtió además que estos despliegues implican desviar recursos de otras áreas de seguridad.
En esa línea, se confirmó que la Provincia avanzará con acciones judiciales para exigir el resarcimiento económico, incluso cuando los involucrados sean menores, lo que podría implicar responsabilidad para sus padres o tutores.
Delito penal y consecuencias a futuro
Desde el Gobierno recordaron que realizar amenazas, pintadas o difundir mensajes intimidatorios configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
Además, se advirtió que, aun en casos donde intervengan menores no punibles, las investigaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior.
Prevención en escuelas y hogares
El ministro de Educación, José Goity, convocó a fortalecer el rol preventivo tanto en las instituciones educativas como en las familias. En ese sentido, se enviaron pautas a las escuelas para abordar la problemática en el aula e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia.
“El objetivo es construir una alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado para frenar este fenómeno”, señaló el funcionario, quien también destacó la implementación de programas de educación digital para promover un uso responsable de redes sociales.
El rol de los adultos
Desde el área de Salud, la subsecretaria Liliana Olguín puso el foco en la necesidad de reforzar el acompañamiento de los adultos en el uso de dispositivos y plataformas digitales.
Las autoridades coincidieron en que el “efecto contagio” en redes sociales puede potenciar este tipo de conductas, por lo que insistieron en la importancia del diálogo en los hogares para prevenir situaciones que pueden escalar rápidamente y tener consecuencias graves.
