El juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, condenó a siete integrantes de una organización investigada por comercio organizado de estupefacientes y transporte de droga. La estructura tenía su principal punto de venta en Venado Tuerto y quedó expuesta tras un operativo realizado en la Ruta Provincial 90, cerca de Elortondo, donde Gendarmería secuestró casi 4,5 kilos de cocaína.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, encabezada por Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de la UNIPROJUD Venado Tuerto de Gendarmería Nacional. De acuerdo con la información difundida, la organización estaba integrada por 12 personas y operó entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con conexiones en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.
El operativo en la Ruta Provincial 90
Uno de los procedimientos centrales de la causa ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando efectivos de la UNIPROJUD Venado Tuerto y de la Sección Vial de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo. En el rodado viajaban Manuel E. y Carina A.
Durante el procedimiento se secuestraron casi 4,5 kilos de cocaína distribuidos en cuatro ladrillos, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. A partir de esa intervención, la investigación permitió avanzar sobre distintos integrantes de la organización y reconstruir los roles atribuidos a proveedores, abastecedores, transportistas y vendedores vinculados con distintas ciudades del sur santafesino.
La pesquisa derivó además en allanamientos en seis viviendas y tres celdas ubicadas en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Coronda y la Alcaidía de Melincué. Parte de la estructura investigada mantenía vínculos con personas que ya se encontraban privadas de la libertad en esos establecimientos.
Penas de hasta siete años de prisión
Las condenas fueron dictadas mediante procedimientos abreviados, luego de que el tribunal homologara los acuerdos presentados por la Fiscalía Federal. Las penas van desde tres años de prisión condicional hasta siete años de cumplimiento efectivo, según el grado de participación atribuido a cada uno de los acusados.
Carina Elizabet A. recibió una pena unificada de siete años de prisión efectiva, una multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y las costas del proceso. Josué Emir B. también fue condenado a una pena unificada de siete años de prisión efectiva, con multa de 80 unidades fijas, inhabilitación absoluta y costas.
Leonel Víctor A. fue condenado a seis años de prisión efectiva, una multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta y costas. En tanto, Ayelén Florencia C. recibió cinco años y seis meses de prisión efectiva y fue declarada reincidente, además de una multa de 58 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
Juan José C., Carla Danisa E. y Ana Paula M. recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional. Los tres deberán cumplir además reglas de conducta, multas de 34 unidades fijas y las costas del proceso.
Decomisos y cinco acusados que irán a juicio
La resolución también dispuso el decomiso de dinero en efectivo, motocicletas, celulares, balanzas digitales y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Asimismo, se ordenó la destrucción de la droga incautada en los procedimientos.
Según la información de la causa, la investigación permitió acusar en total a 12 personas por hechos desarrollados durante aproximadamente un año. La Fiscalía Federal ubicó en Venado Tuerto el principal punto de venta de la organización, aunque la estructura tenía ramificaciones y vinculaciones con otras localidades de la provincia.
Las siete condenas conocidas ahora no cierran por completo el expediente. Las cinco personas restantes serán citadas próximamente a juicio oral y público, por lo que la causa continuará respecto de quienes no formaron parte de los acuerdos abreviados.
El avance del expediente se produjo en aproximadamente nueve meses desde los allanamientos realizados el 16 de noviembre de 2025. La tramitación se desarrolló bajo el Código Procesal Penal Federal, que contempla mecanismos de oralidad y acuerdos para la resolución de los procesos.
