La Justicia condenó a Mailén Abigail Ortega a un mes y diez días de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de hurto simple y uno de estafa cometidos en Venado Tuerto. La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado en el que la acusada reconoció los hechos, aceptó las calificaciones legales y prestó conformidad con la pena junto con su defensa.
La investigación fue dirigida por el fiscal Iván G. Raposo, coordinador de la Oficina de Delitos contra la Propiedad, con intervención de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Los tres episodios fueron considerados hechos independientes y quedaron vinculados mediante las reglas del concurso real: dos hurtos simples y una estafa.
El primer hurto quedó registrado por cámaras
El primero de los hechos ocurrió durante la noche del 29 de enero de 2026 en el local gastronómico El Cruce 833, ubicado en Marcos Ciani al 3680. De acuerdo con la investigación, Ortega ingresó al establecimiento y, aprovechando la distracción de los empleados, tomó la cartera de una trabajadora, la arrojó hacia el exterior y luego salió para recogerla y retirarse caminando.
La secuencia fue registrada por las cámaras privadas del comercio. La víctima recuperó posteriormente la cartera, pero denunció la falta de documentación personal, órdenes médicas y 104.000 pesos que se encontraban en su interior. El análisis de las filmaciones permitió observar tanto el ingreso de la joven como el momento en que tomó la cartera y luego la recogió fuera del establecimiento.
Un viaje en remis que terminó en el Comando Radioeléctrico
El segundo episodio ocurrió el 17 de mayo. Según la acusación, Ortega y Agustín Guzmán abordaron un remis y solicitaron al conductor sucesivos traslados por distintos sectores de Venado Tuerto. En cada destino afirmaban que conseguirían el dinero necesario para pagar, pero continuaban solicitando nuevos recorridos sin cancelar el servicio.
La tarifa acumulada llegó a 28.000 pesos y finalmente ambos se negaron a pagarla. Ante esa situación y por temor a su integridad, el remisero decidió dirigirse directamente hasta la sede del Comando Radioeléctrico, donde solicitó la intervención policial. La Fiscalía consideró que la maniobra había mantenido al conductor en el error de que finalmente cobraría el viaje y calificó el hecho como estafa.
La sustracción de dinero de un automóvil
El tercer hecho se produjo el 1 de julio. El propietario de un Renault 11 había dejado el vehículo estacionado sin medidas de seguridad mientras ingresaba a un supermercado. Al regresar encontró dentro del automóvil a una mujer y a un hombre, quienes salieron corriendo al advertir su presencia.
El damnificado comprobó entonces la falta de 50.000 pesos que había dejado dentro del vehículo y comenzó a perseguirlos. La pesquisa estableció que Ortega fue localizada escondida en un sector oscuro de una estación de servicio abandonada, mientras que el hombre que la acompañaba consiguió escapar.
Aunque el dinero no fue hallado en poder de la joven, la acusación consideró convergentes la presencia dentro del vehículo, la fuga inmediatamente posterior, el seguimiento realizado por la víctima y la localización de Ortega poco después del hecho. El episodio fue encuadrado como hurto simple debido a que no hubo violencia ni fuerza para ingresar al automóvil.
Las víctimas aceptaron los términos de la pena
La responsabilidad penal fue sustentada mediante denuncias, declaraciones testimoniales, actas de procedimiento, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones con el 911, inspecciones oculares y otros elementos incorporados a las tres investigaciones.
Una constancia fiscal fechada el 12 de agosto señala que las tres personas damnificadas fueron informadas de una modificación en los términos del acuerdo y prestaron su conformidad con la pena de un mes y diez días de prisión efectiva. El documento indica que previamente se había contemplado una pena de un año de prisión de ejecución condicional.
Raposo destacó el trabajo realizado desde la Oficina de Delitos contra la Propiedad y la intervención de la fiscal adjunta Barucca. "Esta condena es el resultado de una investigación desarrollada de manera coordinada desde la Oficina de Delitos contra la Propiedad. Quiero destacar especialmente el trabajo de la fiscal adjunta Larisa Barucca y de todo el equipo que intervino en la reunión y el análisis de las evidencias", señaló.
El fiscal también subrayó la participación de los damnificados durante la instancia previa al acuerdo: "Las víctimas fueron informadas de los términos del acuerdo y prestaron expresamente su conformidad. Su participación fue fundamental para alcanzar esta condena y brindar una respuesta concreta frente a los hechos que padecieron".
