El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) detectó presuntos casos de ejercicio ilegal de la actividad en Venado Tuerto y San Lorenzo. Las personas identificadas fueron intimadas a regularizar su situación o cesar la intermediación inmobiliaria, mientras la entidad reúne antecedentes para determinar si corresponde avanzar con denuncias penales.
La actuación forma parte de una nueva etapa de fiscalización territorial iniciada después de reuniones con las delegaciones regionales. El objetivo es detectar la intervención de personas no matriculadas y controlar el cumplimiento de la Ley provincial Nº 13.154 en la jurisdicción del Colegio.
Controles sobre la actividad inmobiliaria
La normativa provincial establece que para ejercer como corredor inmobiliario es necesario estar habilitado e inscripto en la matrícula correspondiente. Además, dispone que las personas no matriculadas no pueden realizar habitualmente actos de corretaje o intermediación inmobiliaria y encomienda al Colegio profesional denunciar ante la autoridad judicial competente los casos de ejercicio ilegal.
Cocir sostuvo que el control adquiere especial importancia por los bienes e intereses involucrados en este tipo de operaciones. "No se trata de una irregularidad menor. En una operación inmobiliaria están en juego viviendas, ahorros, contratos e inversiones. Cuando la intermediación queda en manos de personas sin título ni matrícula habilitante, la ciudadanía pierde las garantías de formación, responsabilidad, ética y control institucional que ofrece un profesional habilitado", señaló la entidad.
En ese marco, el Colegio también viene gestionando audiencias con municipios y comunas para fortalecer la cooperación institucional y los controles en las distintas localidades alcanzadas por su jurisdicción.
La fiscalización en Venado Tuerto tiene antecedentes recientes. Durante 2025, Cocir realizó controles en más de 15 localidades del sur santafesino y auditó más de 300 carteles colocados en la vía pública. El relevamiento permitió detectar presuntos casos de ejercicio ilegal que fueron derivados para su investigación, además de irregularidades vinculadas con la identificación de profesionales matriculados.
A comienzos de 2026, la institución anunció que profundizaría esos operativos en ciudades del centro y sur provincial, como continuidad de las actuaciones realizadas durante el año anterior.
Denuncias y actuaciones penales
La fiscalización no se limita a intimaciones administrativas. Durante la gestión precedente, Cocir promovió acciones penales sobre un universo inicial de 18 vendedores y brokers denunciados por presunto ejercicio ilegal de la profesión, conducta contemplada en el artículo 247 del Código Penal.
Según informó el Colegio, las actuaciones cuentan además con un esquema de colaboración institucional con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), orientado al tratamiento de las denuncias vinculadas con esta actividad.
A partir de ese trabajo, ya se sustanciaron audiencias imputativas y se formalizaron los primeros acuerdos conciliatorios, sujetos al cumplimiento de condiciones relacionadas con la regularización, adecuación o cese de las actividades cuestionadas.
Cocir indicó que algunas de las actuaciones comenzaron a producir cambios entre las personas denunciadas. En determinados casos se iniciaron procesos de matriculación, mientras que en otros se formalizó el abandono de las tareas de intermediación inmobiliaria. Esto incluyó modificaciones en perfiles de redes sociales, publicaciones comerciales y otros canales utilizados para ofrecer servicios.
En los nuevos casos detectados en Venado Tuerto y San Lorenzo, el procedimiento se encuentra actualmente en la instancia de intimación y recopilación de antecedentes. La eventual presentación de denuncias penales dependerá del análisis de cada situación y de las actuaciones posteriores, de acuerdo con lo comunicado por el Colegio.
Verificación de la matrícula
Ante las irregularidades detectadas, Cocir recordó que quienes estén por realizar una operación pueden consultar previamente si el corredor que interviene se encuentra habilitado. El padrón institucional permite comprobar que el nombre y el número de matrícula informados coincidan con los registros profesionales.
La entidad recomienda efectuar esa verificación antes de entregar dinero, firmar una reserva o concretar operaciones de compra, venta o alquiler. La consulta permite establecer si la persona que interviene está matriculada y sometida al control institucional previsto por la legislación provincial.
Cuando un operador no figura en el padrón, existen diferencias en sus datos o se advierte una posible irregularidad, el Colegio cuenta con un canal específico para recibir denuncias, que posteriormente son evaluadas por su área de Fiscalización.
