Una denuncia anónima presentada en 2024 aportó información para una investigación que culminó con una condena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva. Dos allanamientos, registros fílmicos y pericias sobre teléfonos celulares permitieron reunir pruebas sobre la tenencia de estupefacientes destinados a la comercialización.
Una denuncia anónima realizada a través de los Buzones de la Vida de Venado Tuerto fue uno de los puntos de partida de una investigación por microtráfico que terminó este viernes 9 de octubre con una condena judicial. Miguel Alejandro Enríquez, de 55 años, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, tras reconocer su responsabilidad en dos hechos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, quien homologó un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el fiscal adjunto subrogante Luis Ricardo Jesús Lagioia, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante la audiencia, el acusado estuvo representado por el defensor público Mariano Mascioli y ratificó su conformidad con la pena acordada.
Una denuncia anónima aportó los primeros datos
El 2 de mayo de 2024 se notificó una denuncia ingresada mediante los Buzones de la Vida, en la que se advertía sobre la presunta venta de drogas en una vivienda ubicada en calle Pinto Lucero al 600, en el barrio Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto.
La persona denunciante, que se presentó como profesional de la salud, proporcionó una descripción detallada del inmueble y manifestó su preocupación por la concurrencia de jóvenes del barrio. También explicó que había tomado conocimiento de la situación a través del relato de un paciente y que había elegido realizar la presentación de manera anónima para preservar su integridad.
A partir de la información reunida, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló tareas de vigilancia para identificar el domicilio y establecer si existían movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.
Los investigadores registraron mediante filmaciones la llegada de personas que ingresaban a un pasillo donde se encontraba la vivienda y se retiraban después de permanecer pocos minutos. Esas secuencias fueron incorporadas a la causa como indicios de posibles maniobras de venta de drogas.
El primer allanamiento y las pruebas obtenidas
El 23 de agosto de 2024, personal policial concretó un allanamiento en la propiedad investigada. Durante el procedimiento se secuestraron 3,6 gramos de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que fueron incorporados a las actuaciones.
La investigación también incluyó pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Según los informes de la PDI, el análisis de uno de los teléfonos permitió identificar conversaciones de WhatsApp que los investigadores consideraron compatibles con operaciones de comercialización de estupefacientes.
Entre los archivos examinados también se encontraron fotografías de envoltorios con sustancias blanquecinas, recortes de nylon, anotaciones que aparentaban corresponder a registros de ventas y una balanza. El material fue analizado como parte del conjunto de evidencias reunidas para sostener la acusación.
Un segundo operativo permitió avanzar en la causa
Las actuaciones continuaron hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando se realizó un nuevo allanamiento en el domicilio de Enríquez, ubicado en Pinto Lucero al 600. En esta oportunidad, los agentes encontraron una cantidad mayor de estupefacientes y diversos elementos que reforzaron la hipótesis de comercialización.
El procedimiento permitió secuestrar 44,34 gramos de cocaína, 588.760 pesos en efectivo, dos plantas de marihuana de aproximadamente 40 y 50 centímetros, dos balanzas de precisión, diez recortes de nylon y una hoja con anotaciones. También fueron incautados un teléfono celular y una computadora portátil.
Durante el operativo se produjo la aprehensión de Enríquez. En las actuaciones de ambos allanamientos consta la intervención del fiscal Iván Gastón Raposo, quien dispuso medidas relacionadas con los secuestros y, durante el procedimiento de noviembre de 2025, la detención del investigado.
En conjunto, los dos allanamientos permitieron incautar 47,94 gramos de cocaína, además de las plantas de marihuana y otros elementos incorporados al expediente.
El 1 de diciembre de 2025 se formalizó la imputación contra Enríquez por los dos hechos investigados. Dos días después, la Justicia dispuso su prisión preventiva, medida que posteriormente fue prorrogada mientras avanzaba el proceso penal.
Una condena firme mediante procedimiento abreviado
Con las pruebas reunidas, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo para resolver ambas causas mediante un procedimiento abreviado. Esta modalidad permite dictar sentencia sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista conformidad del acusado.
En el documento presentado ante la Justicia, Enríquez admitió expresamente su culpabilidad y aceptó tanto la calificación legal de los hechos como la pena de prisión de cumplimiento efectivo. Para establecer la sanción también se consideró que no registraba antecedentes condenatorios, de acuerdo con el informe incorporado al expediente.
Durante la audiencia celebrada este viernes, la jueza Vidal verificó la voluntad del acusado, homologó el acuerdo y dictó la condena. Además de los cuatro años y ocho meses de prisión, se estableció una multa de 45 unidades fijas, las accesorias legales y el decomiso de los objetos vinculados con los delitos.
La resolución también autorizó la devolución de diversas herramientas de trabajo secuestradas durante la investigación, que podrán ser retiradas por una hija del condenado en dependencias del Ministerio Público de la Acusación.
La sentencia quedó firme y consentida por todas las partes. Actualmente, Enríquez permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 12 de Pérez y, de acuerdo con el cómputo judicial, la pena impuesta vencerá el 27 de julio de 2030.
De esta manera, una denuncia ciudadana realizada mediante los Buzones de la Vida quedó incorporada a una investigación que, tras más de dos años de actuaciones policiales y judiciales, concluyó con una condena efectiva por delitos vinculados al microtráfico.
