El próximo jueves 17 de septiembre comenzará en Venado Tuerto el juicio oral y público contra C. A. N., acusado de haber iniciado el incendio que en septiembre de 2022 se propagó por campos de la zona rural y terminó destruyendo gran parte de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad.
La Fiscalía adelantó que durante el debate solicitará seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La acusación será sostenida por el fiscal Iván Raposo, quien dirigió la investigación, con la participación de la fiscal adjunta Larisa Barucca.
De acuerdo con la requisitoria fiscal, el acusado deberá responder por incendio e incendio en concurso ideal con daño, en carácter de autor. El escrito de acusación ubica el comienzo del episodio durante la tarde del 5 de septiembre de 2022, en el establecimiento rural La Josefina, y sostiene que el fuego continuó propagándose hasta el 7 de septiembre, cuando alcanzó la planta municipal.
Una quema que, según Fiscalía, salió del establecimiento
La hipótesis que llegará a juicio sostiene que el fuego fue iniciado de manera intencional en una porción de La Josefina para quemar pastizales y recuperar terreno productivo. Para la acusación, C. A. N. conocía las condiciones existentes y el riesgo de que las llamas escaparan de control.
Uno de los elementos incorporados al expediente es el testimonio de un trabajador de un campo vecino, quien declaró que el 5 de septiembre observó humo proveniente de La Josefina y se comunicó por WhatsApp con el acusado. Según su declaración, recibió como respuesta que la situación estaba controlada y que la quema se realizaba para recuperar hectáreas del campo. Esa comunicación forma parte de la evidencia ofrecida para el juicio.
El avance del fuego estuvo favorecido, según la investigación, por la vegetación seca y el viento norte. Un informe del Servicio Meteorológico Nacional incorporado a la causa estableció que durante los primeros siete días de septiembre de 2022 no se registraron precipitaciones en Venado Tuerto y describió un proceso sostenido de secamiento del suelo durante los meses previos.
La destrucción de la planta y los daños rurales
El 7 de septiembre las llamas llegaron al predio donde funcionaba la Planta de Tratamiento de Residuos. Personal que se encontraba trabajando tuvo que abandonar el lugar ante el avance del incendio.
La inspección realizada posteriormente constató que el galpón principal quedó completamente quemado, junto con las maquinarias que funcionaban en su interior y dos acoplados, además de materiales almacenados en el predio.
El fuego también alcanzó establecimientos rurales vecinos. La acusación menciona pérdidas de sembrados, rastrojos, alambrados, postes, tranqueras, árboles y otras instalaciones. En uno de los campos ubicados frente a la planta se determinaron 32 hectáreas quemadas sobre una superficie total de 50 hectáreas.
Un informe elaborado posteriormente por el área de Medio Ambiente municipal, a partir de pericias, datos de Bomberos e imágenes del satélite Sentinel 2A, calculó en 401,87 hectáreas la superficie total afectada por el proceso de incendio.
Pericias, imágenes satelitales y testigos
Entre las pruebas que serán utilizadas durante el juicio se encuentran informes de Bomberos Zapadores, fotografías tomadas después del siniestro, registros del sistema satelital FIRMS, imágenes de Copernicus, documentación meteorológica y pericias destinadas a determinar el punto de inicio y el recorrido de las llamas.
La investigación técnica de Bomberos estableció que el proceso se produjo por el contacto de una llama libre con material combustible de origen orgánico, como ramas, troncos y vegetación seca, lo que permitió una rápida propagación.
También está prevista la declaración de trabajadores rurales, personal municipal, bomberos, peritos y propietarios de los establecimientos alcanzados por el incendio.
Raposo sostuvo que la Fiscalía buscará demostrar durante el debate que el episodio no fue consecuencia de un accidente inevitable. “En el juicio demostraremos que no se trató de un accidente inevitable, sino de una decisión consciente de iniciar fuego en un ámbito rural cubierto de material combustible, con conocimiento del riesgo concreto de propagación”, afirmó el fiscal.
La requisitoria presentada por el MPA solicita seis años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, dentro de una escala penal que para el delito de incendio contempla entre tres y diez años de prisión.
El incendio marcó además un punto de inflexión para el sistema de tratamiento de residuos de Venado Tuerto. La planta destruida fue posteriormente reconstruida y ampliada, y la nueva instalación quedó inaugurada en agosto de 2024, con mayor superficie y capacidad de procesamiento que la anterior.
