Tres personas imputadas por los disturbios ocurridos el 15 de julio en inmediaciones de la plaza San Martín de Venado Tuerto completaron 90 horas de trabajo comunitario como reparación por los hechos. Tras verificar el cumplimiento de las tareas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aplicó un criterio de oportunidad y dispuso este martes el archivo de la causa.
Los involucrados son María Lucía Fagnani, Cristian Roberto Garbes y Elías Ismael Acosta, quienes habían sido imputados por atentado a la autoridad agravado a raíz de los incidentes registrados alrededor de las 21, durante los festejos deportivos que concentraron a numerosas personas en el centro de la ciudad. Las audiencias imputativas se realizaron los días 16, 20 y 21 de julio, respectivamente.
Las agresiones durante los festejos
La investigación determinó que durante los disturbios se produjo el lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes contra el personal policial desplegado en el sector de Belgrano y 25 de Mayo. El procedimiento se había montado con motivo de los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra.
A Fagnani se le atribuyó haber golpeado desde atrás al subinspector Martín Aguiar y luego intentar agredirlo con una botella de vidrio. En tanto, a Garbes se le imputó haber participado en el lanzamiento de elementos contundentes contra los agentes y a Acosta, haber arrojado botellas de vidrio en dirección al personal policial. Las tres conductas fueron encuadradas provisoriamente como atentado a la autoridad agravado.
Durante aquella noche también resultó lesionada una funcionaria policial al recibir el impacto de una botella en la cabeza. Sin embargo, al analizar individualmente las conductas de Garbes y Acosta, no pudo determinarse que el objeto que provocó esa lesión hubiera sido arrojado por alguno de ellos. En el caso de Fagnani, Aguiar manifestó posteriormente que no presentaba lesiones visibles, más allá de las molestias físicas derivadas del golpe.
Las cámaras fueron claves para identificar a los involucrados
La intervención comenzó durante los propios incidentes, cuando el Centro de Monitoreo Municipal advirtió las agresiones y transmitió la información a través de la frecuencia del 911. Los registros permitieron orientar el despliegue policial hacia Belgrano y 25 de Mayo, donde se desarrollaban los enfrentamientos.
Posteriormente, las filmaciones municipales y los videos difundidos en redes sociales fueron utilizados en la investigación para avanzar sobre la identificación de los participantes. En el caso de Acosta, por ejemplo, el análisis policial comparó registros audiovisuales con imágenes de bases de datos y redes sociales, además de características de su vestimenta, como parte del proceso de individualización.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas, bajo la coordinación del fiscal Iván Raposo. Las audiencias imputativas fueron encabezadas por el fiscal adjunto subrogante Luis Lagioia.
Treinta horas de trabajo comunitario para cada imputado
Al evaluar cómo continuar con el proceso, la Fiscalía tuvo en cuenta la entidad concreta de las conductas atribuidas, la ausencia de consecuencias personales graves que pudieran ser individualizadas respecto de los tres imputados y el carácter excepcional y temporalmente delimitado de los disturbios.
Como reparación, cada uno cumplió 30 horas de trabajo comunitario en la Dirección de Servicios Públicos municipal, por lo que entre los tres sumaron 90 horas. Las tareas se desarrollaron entre el 3 y el 10 de agosto y consistieron principalmente en barrido y limpieza de calles asignadas por personal del municipio.
Un informe de la Dirección de Servicios Públicos fechado el 14 de agosto dejó constancia de que los tres completaron íntegramente la carga horaria y mantuvieron una conducta favorable y responsable durante el cumplimiento de las actividades. Para la Fiscalía, esa prestación constituyó una reparación concreta y proporcional frente al conflicto generado.
La Fiscalía archivó el legajo
Con los trabajos cumplidos, el MPA resolvió aplicar el criterio de oportunidad establecido en el artículo 19, inciso 2, del Código Procesal Penal de Santa Fe. La resolución, fechada este martes 18 de agosto, consideró que continuar con la persecución penal resultaría desproporcionado ante la entidad individual de los hechos y la reparación efectivamente realizada.
Al explicar el alcance de este tipo de salidas, el fiscal coordinador Iván Raposo sostuvo: «Las salidas alternativas no significan ausencia de respuesta. En este caso se investigaron los hechos, se identificó e imputó a las personas involucradas y se estableció una consecuencia concreta, verificable y beneficiosa para toda la comunidad».
Raposo también destacó la intervención de la Unidad de Salidas Alternativas y la colaboración municipal: «La intervención de la Unidad de Salidas Alternativas permitió construir una solución proporcional al conflicto. También fue fundamental la colaboración del Gobierno municipal, tanto mediante el Centro de Monitoreo como a través de la Dirección de Servicios Públicos».
La resolución dispuso finalmente el archivo del legajo por atentado a la autoridad respecto de los tres imputados, una vez acreditado el cumplimiento de las 30 horas de tareas asignadas a cada uno. En el caso de Elías Ismael Acosta, el MPA aclaró expresamente que la medida alcanza únicamente a su participación en los disturbios del 15 de julio y no produce efectos sobre otro legajo penal en el que está imputado por un hecho diferente.
