La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó la requisitoria de acusación contra un hombre de 31 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Teodelina, por una serie de delitos de abuso sexual cometidos contra la hija de su expareja en Villa Cañás. El organismo solicitó una pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo y la causa quedó a un paso de la realización del juicio oral.
La investigación, encabezada por la fiscal Luciana Del Grecco, sostiene que los hechos ocurrieron entre 2020 y 2024, cuando la víctima tenía entre 8 y 12 años. Según la acusación, los abusos fueron reiterados y se produjeron en el domicilio donde convivían, aprovechando los momentos en que la madre de la menor no se encontraba presente.
La acusación de la Fiscalía
De acuerdo con la requisitoria presentada por la Fiscalía, el imputado está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por su condición de encargado de su guarda.
El Ministerio Público de la Acusación considera que la prueba reunida durante la investigación resulta suficiente para sostener la acusación en un juicio oral y, por ese motivo, requirió una condena de 18 años de prisión de ejecución efectiva.
La causa se encuentra ahora en la etapa previa al debate oral, donde un tribunal deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y las que se produzcan durante el proceso.
Los hechos investigados
Según la acusación fiscal, los episodios se habrían registrado en reiteradas oportunidades entre los años 2020 y 2024 en una vivienda de Villa Cañás.
La investigación sostiene que el acusado se aprovechó de la guarda que ejercía sobre la niña para cometer distintos abusos sexuales mientras convivían bajo el mismo techo.
Entre las conductas atribuidas se describen tocamientos por encima y por debajo de la ropa, la obligación de realizar actos de contenido sexual y otros vejámenes que, según la investigación, provocaron fuertes dolores físicos a la víctima.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron cuando la madre de la menor se encontraba fuera del domicilio, circunstancia que habría sido aprovechada por el imputado para concretar los abusos.
Cómo comenzó la investigación
La causa judicial se inició a partir de la denuncia realizada por una docente de la escuela a la que asistía la niña.
Según consta en la investigación, la menor decidió contar lo que estaba viviendo luego de participar de una charla sobre bullying y ciberbullying desarrollada en el establecimiento educativo.
Durante esa conversación también manifestó que anteriormente le había relatado la situación a su madre, aunque, de acuerdo con su testimonio, no había sido creída.
La intervención de la docente permitió activar el procedimiento judicial y dar inicio a la investigación penal, que concluyó con la presentación de la requisitoria de acusación por parte del Ministerio Público de la Acusación.
La calificación legal
La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por ser encargado de su guarda, y abuso sexual con acceso carnal, también agravado por las mismas circunstancias, en concurso real de delitos.
Esta calificación contempla los agravantes previstos en el Código Penal para aquellos casos en los que el autor mantiene una relación de convivencia y cuidado respecto de la víctima, circunstancias que, de acuerdo con la acusación, estuvieron presentes durante el período investigado.
Con la presentación de la requisitoria de acusación, la Fiscalía dio por concluida la etapa de investigación penal preparatoria y solicitó la elevación de la causa para la realización del juicio oral.
Un paso previo al juicio
La requisitoria de acusación constituye una de las últimas etapas del proceso penal antes del juicio oral. En esta instancia, la Fiscalía formaliza la imputación definitiva, precisa la calificación legal de los hechos y solicita la pena que considera correspondiente en función de las pruebas obtenidas durante la investigación.
En este caso, el Ministerio Público de la Acusación requirió una condena de 18 años de prisión efectiva, al considerar acreditados los delitos investigados y los agravantes vinculados con la convivencia y la guarda de la víctima.
La causa continuará ahora con las instancias procesales previstas hasta la fijación de la audiencia de juicio oral, donde serán analizadas las pruebas incorporadas por las partes y se resolverá la situación del imputado.
