La Justicia ordenó este lunes la prisión preventiva ordinaria para un hombre de 37 años acusado de amenazar e intimidar al presidente comunal de Murphy, Hugo Ezequiel Rodríguez, con el objetivo de obtener una decisión administrativa favorable vinculada a su emprendimiento gastronómico ambulante.
La medida fue resuelta durante una audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Venado Tuerto. La investigación está a cargo del fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa del imputado, J. O. B., fue asumida por la defensora pública Gisela Figuera.
Una imputación por amenazas coactivas agravadas
Según la atribución delictiva formulada por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el 24 de julio de 2026, cuando Bustos envió una serie de mensajes de audio por WhatsApp al teléfono celular del mandatario comunal.
De acuerdo con la acusación, el imputado pretendía que el presidente comunal autorizara el traslado de su puesto gastronómico ambulante «Rodachef», ubicado sobre la colectora de calle 9 de Julio, junto a la estación de servicio ACA, hacia el sector ubicado enfrente. Como alternativa, exigía que se dispusiera el desplazamiento del comercio que competía con su actividad.
La Fiscalía sostuvo que, para intentar imponer esa decisión, el acusado recurrió a amenazas e intimidaciones de extrema gravedad, haciendo referencia a un supuesto vínculo con personas identificadas como «Guille» y «Morocho», a quienes mencionó como integrantes de la organización criminal conocida como «Los Cantero».
Entre las expresiones atribuidas al imputado figura: «Si tengo que hacer las cosas mal, tengo que hacer un ruido bárbaro en el pueblo (…) yo estoy acostumbrado a otro nivel de violencia».
También manifestó que esas personas eran «capaces de cualquier cosa» y se definió como «un loquito de la guerra», advirtiendo que, si no obtenía una respuesta favorable por los canales legales, instalaría igualmente su puesto y desplazaría a la competencia por sus propios medios.
La acusación incorpora además amenazas dirigidas contra las fuerzas de seguridad. Según la transcripción presentada por el Ministerio Público de la Acusación, el acusado expresó: «Si la policía me busca no voy a ir preso de nuevo, me voy a recagar bien a tiro con toda la policía y con todos los que tengan que buscar; antes de ir preso me van a tener que llevar muerto».
Finalmente, le fijó un ultimátum al jefe comunal: «Si vos el lunes no me das una respuesta favorable, yo lo voy a buscar a mi manera».
La investigación y la decisión judicial
Aunque Ezequiel Rodríguez formalizó la denuncia el 28 de julio en la Subcomisaría 10ª de Murphy, las actuaciones policiales se iniciaron de oficio debido a la gravedad del contenido de los audios, que, según la investigación, implicaban riesgos para la integridad física del presidente comunal, su familia y el personal policial.
Durante la audiencia, el fiscal Lagioia presentó como elementos de convicción las transcripciones de los mensajes de audio, capturas de pantalla, declaraciones testimoniales y registros fotográficos del puesto gastronómico mencionado en la investigación.
Con esos elementos, la Fiscalía atribuyó a J. O. B. la presunta autoría del delito de amenazas coactivas agravadas por estar dirigidas contra un miembro de los poderes públicos.
Prisión preventiva mientras avanza la causa
Tras analizar los argumentos de las partes, la Magistratura hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dispuso la prisión preventiva ordinaria del imputado mientras continúa el proceso penal.
La resolución implica que J. O. B. permanecerá privado de su libertad durante la investigación, al considerar acreditados, en esta etapa inicial del proceso, los riesgos procesales invocados por la Fiscalía.
Se trata de un nuevo caso en el que la Justicia de Venado Tuerto dispone una medida cautelar de prisión preventiva ante hechos investigados por presuntas amenazas dirigidas contra funcionarios públicos, criterio que recientemente también fue aplicado en otras causas tramitadas por la Fiscalía Regional cuando se evaluó la existencia de riesgos procesales y la necesidad de proteger a las víctimas.
