El propietario de un taller y desarmadero de Venado Tuerto fue imputado por presunta comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y por encubrimiento, en el marco de una investigación que detectó vehículos, motores y chasis con presuntas irregularidades. Tras la audiencia, recuperó la libertad bajo una serie de restricciones y deberá constituir una garantía de 15.000 dólares.
El fiscal le atribuyó dos delitos
La imputación incluye los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento. La audiencia se realizó este viernes en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, donde el fiscal Iván Raposo acusó a Sergio G., propietario de un taller ubicado sobre calle Suipacha al 50. El imputado, asistido por su defensa, se abstuvo de prestar declaración.
De acuerdo con la atribución fiscal, el comerciante habría almacenado autopartes sin las obleas identificatorias exigidas por la normativa vigente y otras piezas cuya reutilización no estaría permitida. Además, se le imputó haber efectuado cortes sobre vehículos para extraer componentes destinados a una posterior comercialización y conservar automotores dados de baja en establecimientos que carecían de la habilitación correspondiente.
Hallaron vehículos y motores con presuntas anomalías
Las irregularidades fueron detectadas durante inspecciones realizadas el 28 de julio por personal de la Policía de Investigaciones en el taller de calle Suipacha al 50 y en un galpón situado en la esquina de Suipacha y Urquiza.
Entre los vehículos inspeccionados figuraban una camioneta Toyota, una motocicleta BMW R1200 y dos camionetas Dodge RAM 2500. Según la investigación, varios motores presentaban codificaciones presuntamente apócrifas, inconsistencias o alteraciones.
Los investigadores también secuestraron motores Toyota y Cummins con anomalías en sus grabados. En dos casos, las numeraciones coincidían entre distintos elementos, una situación que motivó la intervención de los peritos. En una de las camionetas RAM no pudo verificarse el número de motor debido al deterioro de la base donde debía encontrarse grabado, mientras que otra unidad tenía instalado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins hallado dentro del mismo establecimiento.
Más secuestros durante la investigación
En otro inmueble se incautaron motores y chasis presuntamente adulterados. La pesquisa continuó en una propiedad ubicada sobre Suipacha al 60, donde la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado perteneciente a una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación, que había sido seccionado mediante una herramienta autógena.
Además, en ese lugar fue hallado un Volkswagen Polo cuyo número de chasis, de acuerdo con la investigación, habría sido modificado mediante la modalidad conocida como "ventana", consistente en reemplazar o alterar el sector donde se encuentra grabada la identificación original.
La Fiscalía sostiene, de manera provisoria, que el imputado conocía el presunto origen ilícito de los vehículos y de las autopartes secuestradas. La calificación legal podrá modificarse conforme avance la investigación.
Recuperó la libertad con medidas restrictivas
La Justicia dispuso la libertad bajo reglas de conducta y una garantía de 15.000 dólares.
Mientras continúe el proceso, Sergio G. deberá presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación, mantener informado su domicilio y comparecer cada vez que sea citado por la Justicia.
Asimismo, tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y mantener contacto con los peritos verificadores que participaron de los procedimientos.
La resolución también le impide trasladar, vender, sustituir, ocultar o manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas, además de realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta obtener las habilitaciones correspondientes.
Finalmente, la Justicia ordenó trabar un embargo por 15.000 dólares, garantía que el imputado deberá acreditar ante la Oficina de Gestión Judicial dentro del plazo de 30 días.
