Un adolescente fue alojado en un instituto de puertas cerradas por 90 días en el marco de la investigación por el femicidio de su pareja, una joven menor de edad, cometido la semana pasada en Rufino, departamento General López. La medida cautelar fue dispuesta en una audiencia realizada este martes.
La causa es llevada adelante por la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3, quien impulsó el pedido de la medida ante el juez interviniente.
Tras la audiencia, la fiscal sostuvo que, a partir de las evidencias recolectadas hasta el momento, se le atribuye al adolescente la autoría de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio). En ese sentido, explicó que la decisión judicial se tomó en función de los riesgos procesales existentes y la gravedad del hecho.
Montemarani también remarcó que la investigación continúa en desarrollo y señaló que “en función de la gravedad del hecho, hay otras líneas investigativas abiertas”, lo que indica que el Ministerio Público de la Acusación mantiene diligencias en curso para profundizar el esclarecimiento del caso.
La funcionaria valoró además que el juez haya avalado los argumentos presentados por la Fiscalía respecto de la necesidad de la medida cautelar, al considerar que los riesgos procesales se mantenían vigentes y que correspondía el alojamiento del joven en un instituto de puertas cerradas.
En relación con el hecho investigado, la fiscal precisó que el femicidio fue cometido entre las 11:30 y las 13:30 del martes de la semana pasada en una vivienda precaria de Rufino. Posteriormente, ese mismo día el adolescente viajó hacia la provincia de Buenos Aires, donde fue localizado y detenido en el marco de un operativo coordinado entre las autoridades santafesinas y fuerzas de seguridad bonaerenses.
La medida cautelar dispuesta tendrá una duración inicial de 90 días, período durante el cual el menor permanecerá alojado en el instituto de régimen cerrado mientras avanzan las diligencias judiciales dentro del proceso penal juvenil, que se desarrolla bajo reserva debido a que tanto la víctima como el imputado son menores de edad.
