La defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, cuestionó la criminalización del tema y rechazó que se le abra una causa a colectiveros de la UTA que marcharon para reclamar sus salarios. Dijo que el 90% del sistema penal está volcado a este tipo de cuestiones y que eso es un «desatino».
La defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, criticó con dureza que se criminalice a quienes incumplen el aislamiento social obligatorio y sostuvo que «si la persona rompe la cuarentena no está infectada no comete ningún delito». Así, no solo rechazó la posibilidad de que se le abra una causa a los choferes de colectivos que este jueves marcharon en Rosario, en el marco del paro que realizan desde hace casi tres semanas, para reclamar que le paguen sus salarios.
No solo eso, la jefa de los defensores públicos de la provincia cuestionó que se les incauten los autos o se envíe detenidos a comisarías, donde además se «amontona» a personas con lo cual se las pone en riesgo de contagio de coronavirus, a ciudadanos que son detectados en los controles sin el correspondiente permiso de circulación. «Se los trata como si fuera un narco», dijo en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2.
Según Balangione, ya se abrieron 25 mil causas por incumplimiento de la cuarentena en la provincia, donde «el 90% del sistema penal hoy está ocupado en la persecución de este tipo de conductas con una calificación criminal. Estamos preocupados por esta situación porque entendemos que si la persona que rompe la cuarentena no está infectada no comete ningún delito».
Para la funcionaria, es un «desatino total» que la Justicia esté tan volcada hacia este tipo de hechos que «no lesionan ningún bien jurídico» e insistió en que si la persona no está contagiada «no genera ningún peligro».
Balangione aclaró que «hay un principio que es que la cuarentena se tiene que cumplir» pero consideró desmedida la criminalización del hecho».
«La política criminal es demasiado fuerte con respecto a este tipo de hechos», remarcó.
Para la defensora general la aplicación de la norma «tiene que ser persuasiva».
«No se puede Santa Fe dar el lujo de tener todo el sistema penal volcado al coronavirus cuando hay más de cien homicidios en lo que va del año», insistió.
