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Santa Fe ajusta el empleo público con menos trabajadores y más cargos políticos

Santa Fe ajusta el empleo público con menos trabajadores y más cargos políticos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre un profundo reordenamiento del empleo público en la provincia de Santa Fe desde el cambio de gestión ocurrido en diciembre de 2023. El estudio, fechado en diciembre de 2025, señala una reducción significativa de trabajadores de planta, una marcada pérdida del poder adquisitivo salarial y, en paralelo, una fuerte expansión de los cargos políticos con mayores niveles de ingreso.

Según el relevamiento, entre 2023 y marzo de 2025 el empleo público provincial —sin contar funcionarios políticos— se redujo en aproximadamente 6.000 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 3,7%. El ajuste se concentró principalmente en el sector educativo, que perdió alrededor de 4.800 cargos (un 8% de su planta), seguido por el escalafón general administrativo y otros organismos del Estado provincial.

En contraste, el sector salud y el de seguridad registraron leves incrementos en la cantidad de personal, con subas del 1% y 3% respectivamente. No obstante, el informe subraya que Santa Fe ya se encontraba entre las provincias con menor proporción de empleo público del país, con 45,2 agentes cada mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional.

Expansión de la planta política

Mientras se reducía el personal de planta permanente, el documento da cuenta de un crecimiento “extraordinario” de la estructura política. Entre 2023 y 2025, la cantidad de funcionarios políticos pasó de 662 a 2.115 cargos, más que triplicándose en dos años.

Este incremento se explica, por un lado, por el aumento de autoridades superiores —directores, subsecretarios, secretarios y ministros—, que crecieron un 33%. Por otro, por la fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, incluyendo la creación de siete nuevos niveles jerárquicos que no existían en gestiones anteriores.

El informe detalla que estos cargos políticos perciben ingresos considerablemente superiores al promedio del empleo público, con remuneraciones que, a comienzos de 2025, superaban los 7,5 millones de pesos mensuales en el caso de los secretarios provinciales, sin considerar viáticos u otros adicionales.

Salarios en caída y pérdida de poder adquisitivo

El segundo eje del estudio analiza la evolución salarial del sector público provincial. De acuerdo con las estimaciones realizadas a valores constantes de diciembre de 2025, todos los sectores registraron pérdidas de poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Las caídas más pronunciadas se observan en educación y salud. Los docentes con diez años de antigüedad perdieron un 17,4% de su salario real, mientras que el personal de enfermería registró una caída del 17,3%. En ambos casos, las pérdidas acumuladas superan varios millones de pesos por trabajador en el período analizado.

El personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado. En la administración central, los trabajadores de las categorías más bajas —que representan el 91% del total— registraron una caída cercana al 11% en su poder adquisitivo.

En cambio, el informe señala que las categorías medias lograron recomponer e incluso superar los niveles salariales reales previos, mientras que las categorías altas mantuvieron ingresos similares a los de noviembre de 2023.

Un ajuste con impacto desigual

En sus conclusiones, CEPA sostiene que el ajuste aplicado en Santa Fe no fue homogéneo, sino selectivo, con mayor impacto sobre los trabajadores de menores ingresos y sobre sectores estratégicos del Estado, como educación y salud. En paralelo, se produjo una reconfiguración de la estructura estatal con mayor concentración de recursos en los cargos políticos de altos ingresos.

El informe plantea que este proceso redefine las prioridades del gasto público provincial y abre interrogantes sobre sus consecuencias en la equidad interna del Estado y en su capacidad para garantizar servicios públicos esenciales.

Informe Completo

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