El senador Lisandro Enrico presentará un proyecto de ley en la Legislatura de Santa Fe para que las personas privadas de libertad, que se encuentren cumpliendo condenas por haber cometido delitos, tengan el deber de trabajar durante el tiempo de su detención, a modo de resarcimiento a la sociedad. En este sentido, el legislador indicó que su propuesta apunta a que a través de la mano de obra, aquellos que han violentado la ley compensen al Estado el costo de su reclusión (calculado en unos 50 mil pesos mensuales).
“En la actualidad el 8 por ciento de la población carcelaria, trabaja en lo que se conoce como Instituto Autárquico Provincial de Industria Penitencia (IAPIP). Es el modelo donde los internos trabajan en diversos talleres como carpintería, albañilería, mecánica, electrónica, herrería, y talabartero, resumió Enrico, quien recordó que en este país hubo un tiempo en que los presos cumplían su condena con un trabajo y de hecho subsiste en el Art. 9 del Código Penal, que establece que la prisión trae aparejado el deber de trabajar y el producto del trabajo tiene que ir en parte para resarcir a la víctima, en el costo que afronta el Estado para su atención y un incentivo para el interno.
“Hoy no pasa eso y cuando se plantea, aparecen los derechos humanos”, planteando que el preso “debe incluirse en la ley laboral, lo cual implica una distorsión máxima ya que entre otras cosas daría la posibilidad de que por ejemplo se agremien y lo pone en un nivel de igualdad con un trabajador, cuando es una persona que lesionó la sociedad y a alguien en particular y cumple una condena. Lo que entendemos es que ese cumplimento debe ir aparejado a un trabajo”, alegó.
Y luego recordó, “al ingresar a una cárcel vemos los pabellones con las paredes sucias, sin mantenimiento, cuando hay tantas personas ociosas. Esta propuesta ya se aplica en Mendoza y en Santa Catarina en Brasil, donde hay empresas que han montado talleres en las unidades carcelarias”.
“En las cárceles santafesinas hay pabellones para talleres, por ejemplo en Coronda. Pero por razones de seguridad se van limitando y en esto tenemos que darle más empoderamiento al personal penitenciario para que se involucre y haga los controles necesarios para que se pueda cumplir con lo que será una obligación. Esto sin dejar de lado el valioso apoyo de las pastorales evangélicas y la iglesia católica, que brindan la contención espiritual y que va a ayudar a que la cárcel entonces sea un espacio de resocialización como lo establece la ley”, subrayó el legislador santafesino.
Señalando finalmente que entre otras premisas y con el fin de conservar el orden social habría que recuperar cierta rigurosidad en las cárceles, ya que a su entender el sistema penitenciario tiene sus “manos atadas para poder aplicar el orden con criterios más estrictos”.
