El Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que tendrá incentivos para el sector agroindustrial. En tal sentido, fuentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) dieron detalles de cuál será el impacto económico que tendrá la misma en las distintas cadenas.
Según dijeron, el régimen tiene por objetivo incrementar las exportaciones en US$7000 millones en exportación y generar más de 150.000 puestos de trabajos en todo el país.
Con una proyección al 2026, en primer término, señalaron que, del total de las inversiones que realiza el CAA por año, unos US$12.500 millones, unos US$7462 millones resultarán beneficiados, es decir que más de un 50% tendría una inversión adicional de US$860 millones en el sector.
En cuanto a las economías regionales, el impacto económico hasta ese año alcanzaría los US$1145 millones, donde a la producción de limón le correspondería un 25% de ese total, en tanto en el arroz sería del 12% y para las legumbres el 12%.
En relación al empleo, la puesta en marcha del proyecto de ley, según estimaron las fuentes del sector, generaría en las producciones regionales unos 89.500 puestos de trabajo, donde la actividad de arándanos sería la más beneficiada con un 24% de ese total y la del limón un 19%. Otras producciones regionales que darían un salto en la generación de trabajo serían la yerbatera con un 18% y la actividad citrícola y de dulces con un 17%.
En tanto, con la promoción en el uso de insumos que contiene el proyecto de ley, que sería de hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias de la compra, el impacto en granos y subproductos al 2025/26 llevará a un aumento adicional en las exportaciones de US$6140 millones y un incremento de puestos de trabajo directos de 167.223.
Según detallaron, la distribución de los beneficios por el uso de insumos para los distintos cultivos sería: la soja tendría un 34%; el trigo, un 30%; el maíz, el 28%; el 7% para girasol y el 1% para la cebada.
En cuanto a la promoción agroindustrial para la producción sostenible, informaron que “la norma se propone incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional y estimular la producción sustentable empleando fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos”.
En este contexto, indicaron que el certificado otorgado podrá ser utilizado por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación del Impuesto a las Ganancias o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional. “Este plazo podrá prorrogarse por 12 meses, por causas justificadas según lo establecido por la Autoridad de Aplicación”, dijeron.
Para la ganadería, según detalla el resumen del proyecto de ley, el beneficio principal para los productores es que dejarán de pagar ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos.
“Los beneficios promocionales alcanzarán a los ganaderos que obtengan, respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales aumentos en los porcentajes de destetes de terneros/as logrados/as, aumento del peso promedio de los animales enviados a faena”, se indica en la iniciativa que irá al Congreso.
En este sentido, la entidad estimó que se generarán incentivos a la invernada por US$1000 millones para el año 2026, como también el mayor efecto esperado en porcentajes de destetes, donde la estadística marca que la Argentina está paralizada en ese aspecto desde hace 20 años, y por ende “habrá más carne en el mercado”.
Respaldo
En tanto, en un comunicado, el CAA ponderó la iniciativa que se presentará. “Este proyecto de ley es la comprobación de las capacidades colectivas de todas las entidades y cámaras que han trabajado y aportado así como la búsqueda de consensos con el gobierno nacional. Ahora trabajaremos con el Congreso de la Nación para promulgar la Ley que tuvo previamente apoyo de las principales fuerzas políticas”, dijo.
“Esto es solo el primer paso, continuaremos trabajando desde el Consejo Agroindustrial Argentino en proponer políticas integrales que incentiven una mayor producción y que permitan mantener la recaudación impositiva con alícuotas más bajas; estrategias eficientes en logística y conectividad, así como una política ambiental y educativa que promueva el desarrollo de un sistema agroalimentario y forestal sustentable, con el objetivo de crecer en volumen de exportación con mayor valor agregado, abasteciendo el mercado interno y generando nuevos puestos de trabajo de calidad en el interior del país”, agregó.
Fuente: LN Campo
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