El empresario venadense identificado por sus iniciales como R.A.B., detenido el martes luego de nueve allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, fue imputado este jueves como autor del delito de estafa. La Justicia dispuso que continúe el proceso en libertad bajo reglas de conducta y una caución real de 300 millones de pesos, cuya constitución deberá acreditarse para que la medida se haga efectiva.
La audiencia imputativa y cautelar se desarrolló en la Sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto y estuvo encabezada por el juez Leandro Martín. La acusación fue formulada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, acompañada por el fiscal Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Gustavo Franceschetti y Diego Haro Martínez. Como querellante intervino Rodrigo Boyeras, en representación de Cristian O. Donati, una de las personas que se presentaron como damnificadas.
Durante el acto procesal, la Fiscalía atribuyó a R.A.B. el delito de estafa en calidad de autor, conforme a los artículos 45 y 172 del Código Penal. El imputado se abstuvo de prestar declaración, mientras que su defensa dejó expresamente planteado su cuestionamiento a la atribución formulada por el Ministerio Público de la Acusación.
Un embargo por 300 millones de pesos
Fiscalía, defensa y querella coincidieron en solicitar que el empresario pudiera atravesar el proceso en libertad. El juez hizo lugar al planteo, aunque estableció una serie de medidas destinadas a garantizar su sometimiento a la causa. La principal condición económica es una caución real instrumentada mediante un embargo por 300 millones de pesos.
Para constituir esa garantía, la defensa ofreció una fracción rural de 10 hectáreas perteneciente a la estancia “Las Rositas”, ubicada sobre la Ruta Nacional 8, en cercanías de Venado Tuerto. De acuerdo con lo consignado durante la audiencia, el inmueble ofrecido como garantía fue valuado en 1,88 millones de dólares y se encuentra inscripto a nombre de Baer SRL, firma vinculada al empresario.
La resolución establece que la libertad se hará efectiva una vez presentada la documentación necesaria para avanzar con la inscripción formal del embargo. Hasta entonces, R.A.B. deberá continuar sujeto a las condiciones fijadas judicialmente.
Entre esas medidas, deberá presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto hasta que el embargo quede inscripto. Cumplido ese trámite, las presentaciones pasarán a ser mensuales.
También se dispuso la prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte, además de la obligación de mantener domicilio constituido en Venado Tuerto y comparecer ante la Justicia cada vez que sea requerido durante el desarrollo de la investigación.
El juez estableció además la prohibición de acercamiento y contacto con Cristian O. Donati y Oscar Guido Donati, tanto de manera personal como telefónica o digital. La restricción podrá exceptuarse únicamente cuando exista una convocatoria formal dentro de una instancia judicial o de mediación.
La investigación por las operaciones ganaderas
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada en octubre de 2025 por dos personas que manifestaron haber sido perjudicadas en operaciones vinculadas con la compraventa de ganado. Uno de los negocios investigados se remonta a marzo de 2025 e involucró 360 cabezas de ganado por más de 271 millones de pesos.
Según la hipótesis que sostiene la Fiscalía, los animales fueron entregados, pero los cheques utilizados como contraprestación habrían sido rechazados por falta de fondos. Posteriormente se habrían emitido nuevos valores que tampoco pudieron ser cobrados. La investigación contabilizó 37 cheques vinculados con esa operación.
El expediente también analiza una segunda transacción realizada en agosto de 2025, relacionada con otras 200 cabezas de ganado. En ese caso, se habrían entregado cheques por aproximadamente 100 millones de pesos, mientras que los animales comprometidos en la operación no habrían sido puestos a disposición de quien había realizado el pago.
La pesquisa incluyó el análisis de movimientos bancarios, información del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), además de testimonios de las personas que se consideran damnificadas y de otros participantes de las operaciones comerciales.
Entre la documentación incorporada aparece además el registro de 172 cheques rechazados en una de las cuentas examinadas, por más de 982 millones de pesos. Esos movimientos forman parte del análisis económico y financiero que realiza la Fiscalía para reconstruir el funcionamiento de las operaciones bajo investigación.
Nueve allanamientos antes de la imputación
El avance de la causa derivó el martes en nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de Venado Tuerto. Los procedimientos tuvieron como objetivo secuestrar documentación comercial y societaria, contratos, títulos valores, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para profundizar la investigación.
Como resultado de esas medidas se produjo la detención de R.A.B., quien permaneció a disposición de la Justicia hasta la audiencia realizada este jueves. Con la imputación formal y la resolución cautelar comienza ahora una nueva etapa de la causa, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados y de las operaciones comerciales y financieras incorporadas al expediente.
