Dos exjefes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron imputados este miércoles en los tribunales de Melincué por presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sostiene que habrían favorecido a personas investigadas por la venta de drogas en el sur santafesino. Ambos continuarán el proceso con medidas cautelares no privativas de la libertad.
Las imputaciones alcanzan a DHG y BND, quienes se desempeñaban, respectivamente, como jefe y subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto. Los dos habían sido detenidos el martes de la semana pasada durante seis allanamientos realizados en el marco de la investigación.
Las audiencias se desarrollaron ante el juez Aldo Baravalle. Por el Ministerio Público de la Acusación participaron el fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal Luis Lagioia y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.
Información reservada y aviso de allanamientos
De acuerdo con la atribución formulada por la Fiscalía, al exjefe de Microtráfico se le reprocha haber utilizado información confidencial para favorecer a un condenado por venta de drogas, a la que habría accedido en razón de su función.
Lagioia indicó que «al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas». Añadió que, según las evidencias reunidas hasta el momento, la conducta investigada habría comenzado en marzo de este año y continuado hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones.
La Fiscalía sostuvo además que DHG habría advertido al condenado sobre allanamientos que iban a realizarse. Lagioia afirmó que «aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos».
Según la hipótesis acusatoria, el aviso tenía como finalidad frustrar esas medidas y favorecer al investigado. El fiscal señaló que «lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad».
La acusación contra el exsubjefe
En el caso de BND, la Fiscalía le atribuyó una maniobra ocurrida durante un allanamiento realizado el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat. Stampella sostuvo que el entonces subjefe estaba a cargo del procedimiento y habría facilitado la huida de un hombre investigado por venta de drogas, quien tenía prohibido judicialmente ingresar a la ciudad.
La fiscal precisó que, antes del ingreso del grupo táctico, el imputado habría entrado por sus propios medios al inmueble. Según su relato, lo hizo «a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo'», pese a que sabía que en la vivienda se encontraba la persona investigada por comercialización de estupefacientes y a quien conocía.
Stampella agregó que al exfuncionario también se le atribuye no haber confeccionado el acta que debía registrar la presencia y fuga del investigado.
Cautelares y calificaciones penales
Aunque los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados, el juez Baravalle resolvió que continúen el proceso con medidas cautelares no privativas de la libertad.
DHG deberá constituir domicilio en Elortondo, departamento General López, y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. Además, tiene prohibido salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y mantener contacto con las demás personas investigadas en el legajo.
BND deberá fijar domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales venadenses. También tiene prohibido salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactar a otras personas investigadas.
Al exjefe policial se le atribuyó la autoría de encubrimiento doblemente agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos. Las agravantes del encubrimiento corresponden a su condición de funcionario público y a que el hecho precedente es considerado especialmente grave.
Por su parte, al exsubjefe se le imputó encubrimiento agravado por ser funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso fue incluido por el Ministerio Público de la Acusación entre los Objetivos Priorizados de su Plan de Persecución Penal.
