En horas de la mañana de domingo 10 de marzo, se celebró una audiencia en los Tribunales Penales de Venado Tuerto en la que el fiscal Ivan Raposo imputó a cinco oficiales de la Unidad Regional VIII del delito de severidades y vejaciones agravadas por ser cometidas por personal policial al detenido Ricardo P. y solicitó la prisión preventiva de José Q., Marcela Ch. (jefa de la Comisaría 5ª), Valentín A., Sergio G. y Mario T.
El juez Adrián Godoy entendió que esa calificación no era la correspondiente, por lo que la modificó por el delito de tortura agravada (por ocasionar lesiones gravísimas, como pérdida del bazo sanguíneo y lesiones en el páncreas), dado el maltrato y tormento que padeció la víctima desde su detención, en el interior de la Comisaría 5ª de Santa Isabel y en el traslado a la Alcaidía de Melincué. El magistrado ordenó la prisión preventiva de los imputados, con morigeración de prisión domiciliaria para la jefa de la Comisaría 5ª, ya que la defensa argumentó que tiene una hija de corta edad con problemas de salud.
Es de destacar que al menos seis personas ya declararon en calidad de testigos ante la Fiscalía, coincidiendo con los hechos ocurridos en la detención y al ingresarlo a la comisaría.
La investigación continuará en el transcurso de esta semana, ya que habría otros numerarios de las fuerzas de seguridad que deberán pasar por ronda de reconocimiento.
Durante la audiencia, y haciendo uso del derecho que otorga el artículo 80 inciso 10 del Código Procesal Penal, la esposa de la víctima solicitó que se aplique la prisión preventiva a los imputados, aduciendo que el personal policial siempre actúa con abuso de autoridad, que ella misma fue amenazada por la jefa de la Comisaría cuando golpeaban a su marido en su casa, incluso mencionó que en noviembre último su esposo recibió también una golpiza en la comisaría y no hicieron la denuncia por temor a represalias.
Los hechos
El 5 de marzo pasado, quien hoy es una víctima que se debate entre la vida y la muerte, era sospechoso de haber cometido un hurto, junto a otras personas. Una requisa voluntaria en la casa del susodicho -ordenada por el fiscal de turno- dio resultado negativo. La misma había sido encabezada por la jefa de la Comisaría 5ª, junto con unos 10 numerarios de la repartición, contando con el apoyo de personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto. En ese momento llegó el dueño de casa, quien se enojó al ver a la Policía, pero la cosa no pasó a mayores y los móviles se retiraron. El hombre salió de casa por un rato y volvió en forma inmediata y, según el aporte de al menos cinco testigos, estaba sentado en la ventana de la vivienda cuando llegaron dos patrulleros con seis policías, entre ellos la jefa de la Comisaría 5ª, Marcela Ch.
La tortura
En la imputación el fiscal informó que al momento de detener a Ricardo P., quien habría amenazado a las hijas de la jefa policial, uno de los oficiales le arrojó un golpe de puño en el estómago que lo derribó y allí, delante de los vecinos, ya en el piso, los policías le propinaron golpes de puño, patadas, culatazos con las escopetas. Luego, según el aporte de los testigos, lo tomaron de manos y pies y lo arrojaron en la caja de la camioneta «como a un chancho».
Al llegar a la comisaría, nuevamente el detenido fue bajado de los pies, y su cabeza rebotó contra el pavimento, ocasionándole una lesión; en el interior recibió otra golpiza, también con trompadas, patadas y culatazos. Luego fue trasladado al Hospital de la localidad, donde la médica certificó que no presentaba ninguna lesión. Ya de noche fue trasladado a la Alcaidía, y durante el viaje fue golpeado otra vez, y recibió otra violenta recepción en Melincué. Luego fue dejado en el «buzón», donde otro preso lo asistió porque estaba en muy mal estado, hasta el punto tal que lo tuvieron que llevar dos veces al Hospital de Melincué, pues no hay médico de policía en la Alcaidía. En la primera oportunidad le dieron un calmante y en la segunda, ya en la mañana del 6 de marzo, el médico ordenó su traslado de urgencia al Hospital de Firmat.
Lesiones graves
La intervención quirúrgica a Ricardo P. la autorizó un vecino de Santa Isabel que estaba en el hospital de paso. La esposa se enteró cuando salió de trabajar el día siguiente de la detención y vio mensajes de su abogado, que le preguntaba si sabía si Ricardo estaba internado en Firmat. Al llegar al Hospital de esa ciudad, el médico que los atendió les dijo que recién había terminado la cirugía y que habían extraído el bazo sanguíneo, ya que literalmente lo tenía «reventado» y que había perdido varios litros de sangre. Además, según el informe del médico de policía, tiene lesiones en páncreas y peritoneo. Por estas horas la víctima permanece internada en terapia intensiva.
Fuente: El Informe / Norma Migueles
