La muerte de un niño de tres años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba volvió a poner en discusión las obligaciones de quienes tienen animales capaces de provocar lesiones graves. En la provincia de Santa Fe no existe actualmente una ley específica y uniforme para perros potencialmente peligrosos, aunque hay normas locales y un proyecto que obtuvo media sanción en la Legislatura provincial.
El episodio ocurrido en Córdoba reavivó un debate que excede la identificación de determinadas razas. La cuestión central pasa por las condiciones en las que permanece y circula un animal, las medidas adoptadas para impedir que pueda escapar y, fundamentalmente, la responsabilidad de quien se encuentra a su cargo.
En territorio santafesino, la situación presenta actualmente dos planos diferentes. Por un lado, existen disposiciones municipales que pueden establecer requisitos particulares según cada jurisdicción. Por otro, está vigente el marco general del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los daños ocasionados por animales.
Santa Fe todavía no tiene una regulación provincial uniforme
La Legislatura santafesina avanzó durante 2025 en un intento por establecer reglas comunes para toda la provincia. El 4 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a un proyecto destinado a regular la tenencia, cría, adiestramiento y circulación de perros considerados potencialmente peligrosos.
La iniciativa todavía no constituye una ley provincial vigente. Por ese motivo, requisitos contemplados en el proyecto, como la colocación de microchips o la contratación de seguros específicos, no pueden considerarse actualmente obligaciones generales para todos los propietarios santafesinos.
El proyecto contempla la creación de un Registro de Propietarios, Criadores, Tenedores, Adiestradores y Antecedentes de Perros de Razas Potencialmente Peligrosas. La propuesta apunta a contar con información que permita individualizar tanto al animal como a la persona responsable de su cuidado.
Entre las herramientas previstas figura un número único de identificación incorporado mediante un microchip, que permitiría mantener vinculados de manera permanente los datos del perro y de su responsable.
La iniciativa establece además condiciones para la circulación por espacios públicos, entre ellas el uso de bozal y de una correa o cadena de hasta un metro y no extensible. También contempla la obligación de informar determinados incidentes, además de situaciones como robo, extravío, cesión, fuga o muerte del animal.
Otro de los puntos incorporados es la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a terceros. Se trata, nuevamente, de una disposición incluida en el proyecto con media sanción y no de una exigencia provincial que actualmente se encuentre en vigor.
Las responsabilidades que sí existen actualmente
La ausencia de una ley santafesina específica no significa que el propietario de un perro quede liberado de responsabilidad frente a los daños que pueda provocar.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece un marco aplicable en todo el territorio provincial. Su artículo 1759 determina que el daño causado por animales queda comprendido en el régimen correspondiente al hecho de las cosas y actividades riesgosas, mientras los artículos 1757 y 1758 regulan la responsabilidad objetiva y determinan quiénes pueden resultar responsables.
En términos generales, el dueño y quien ejerce la guarda del animal pueden responder por los daños ocasionados. La determinación de responsabilidades y de una eventual reparación económica corresponde a la Justicia, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada episodio.
Un hecho también puede adquirir relevancia penal cuando la investigación determina la existencia de una conducta negligente o imprudente atribuible a la persona responsable del animal. En esos casos, será la investigación fiscal la que deberá establecer las circunstancias y la eventual calificación jurídica.
Los municipios pueden establecer sus propias exigencias
Mientras no exista una legislación provincial uniforme, las obligaciones específicas pueden variar según las ordenanzas vigentes en cada municipio o comuna santafesina. Por ese motivo, los propietarios deben considerar también las disposiciones establecidas por la jurisdicción donde residen.
Santa Fe capital, por ejemplo, cuenta desde hace años con la Ordenanza Nº 11.180 y un registro administrado por el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). De acuerdo con la información municipal, deben inscribirse los perros que pesan más de 15 kilos y existen requisitos particulares para su circulación.
Ese régimen constituye una normativa de alcance municipal y no puede extenderse automáticamente al resto de la provincia. Precisamente, el proyecto que tramita en la Legislatura busca establecer criterios comunes para todo el territorio santafesino y sumar mecanismos de identificación y cobertura frente a posibles daños.
Qué ocurre cuando un perro ataca a una persona
Ante una mordedura, la prioridad es la atención médica inmediata. La gravedad no depende solamente del tamaño visible de la herida: su profundidad, localización y las características del ataque deben ser evaluadas por profesionales.
También resulta relevante identificar al animal, conocer quién es su responsable y determinar su situación sanitaria, siempre que obtener esos datos no implique exponerse nuevamente al peligro.
La observación veterinaria posterior del perro permite aplicar los protocolos sanitarios correspondientes, particularmente frente al riesgo de rabia. La actuación concreta dependerá de las autoridades sanitarias competentes en cada localidad.
El caso ocurrido en Córdoba vuelve a colocar la discusión sobre la agenda santafesina en momentos en que la provincia todavía no cuenta con una legislación específica uniforme. Mientras ese debate continúa en la Legislatura, la responsabilidad por los daños causados por un animal ya está contemplada por la legislación nacional, a la que se suman las normas particulares que puedan existir en cada municipio o comuna.
