La reforma de la Ley Orgánica de Municipios en la provincia de Santa Fe ya entró en vigencia y abre un escenario de definiciones clave para los gobiernos locales. Con la derogación de la normativa anterior, cada municipio cuenta ahora con la potestad de adoptar la nueva estructura institucional o mantener la vigente, en el marco de un esquema de transición cuyo plazo límite es el 30 de noviembre.
El cambio no es meramente administrativo: redefine competencias, introduce nuevas categorías de gobierno local y modifica la composición de los Concejos Municipales, impactando de manera directa en el mapa electoral santafesino.
Un nuevo orden institucional
La normativa establece un esquema homogéneo en algunos aspectos, pero introduce diferencias sustanciales según la escala poblacional:
- Todas las localidades elegirán intendente.
- Las poblaciones de menos de 10.000 habitantes sumarán la elección de miembros de Comisión Municipal (3 o 5, según el tamaño).
- Las ciudades conservarán sus Concejos Municipales, aunque con modificaciones en la cantidad de bancas.
En este contexto, la reforma genera tres situaciones claramente diferenciadas:
- Localidades que mantienen su estructura actual
- Ciudades que suman concejales
- Ciudades que reducen su representación legislativa
Concejales de Teodelina, junto al intendente Poleri.
Impacto desigual según el tamaño de las ciudades
El rediseño institucional no se aplica de manera uniforme. Por el contrario, reorganiza el sistema con efectos dispares.
Entre las ciudades que no registran cambios se encuentran los principales centros urbanos como Rosario y Santa Fe, junto a localidades intermedias como Cañada de Gómez, Casilda y Esperanza.
En contraste, un grupo de ciudades incrementará su número de concejales. Allí se destacan Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Venado Tuerto, además de otras localidades con peso microregional que superan los 20.000 habitantes, como San Justo, Arroyo Seco, Sunchales, Vera, Pérez y Firmat. En estos casos, se mantiene el sistema de renovación parcial del cuerpo legislativo, con elecciones cada dos años.
La situación más significativa se da en las ciudades de menor escala: casi dos de cada tres perderán bancas. Todas aquellas con menos de 20.000 habitantes pasarán a tener cinco concejales, con renovación total del cuerpo junto con la elección de intendente a partir de 2031. En este grupo se encuentran localidades como Villa Cañás, Rufino y Teodelina.
Concejo de Venado Tuerto.
Venado Tuerto: encuadre legal y decisión política
En este escenario, Venado Tuerto ya definió su postura y avanzará en la formalización institucional de su decisión. El intendente interino y presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, confirmó que la ciudad no modificará la cantidad de concejales pese a lo establecido en la nueva ley.
La normativa provincial fija en su artículo 21 la cantidad de ediles según la población, estableciendo que las ciudades de entre 80.000 y 150.000 habitantes deben contar con once concejales. Venado Tuerto se encuentra dentro de ese rango, aunque actualmente posee diez bancas, lo que implicaría sumar un edil si se aplicara la ley de manera directa.
No obstante, el propio texto legal contempla una instancia de transición. El artículo 107 habilita a los municipios a sostener su integración actual mediante una decisión del Departamento Ejecutivo, que debe ser aprobada por ordenanza con el voto de dos tercios del Concejo Municipal y posteriormente comunicada a la Legislatura provincial.
En ese marco, el Ejecutivo local resolvió hacer uso de esa opción. “En nuestra ciudad no vamos a adherir a ese artículo 21”, sostuvo Pellegrini, quien además remarcó que la decisión responde a la necesidad de evitar un incremento en el gasto público.
El municipio enviará en los próximos días una ordenanza para formalizar la medida y mantener la actual composición del cuerpo legislativo. “La decisión apunta a sostener una administración responsable y priorizar una gestión austera y eficiente de los recursos públicos”, afirmó el mandatario interino.
Concejales de Firmat.
Un escenario abierto en General López
Con el plazo de definición en marcha, el foco se traslada ahora al resto de las localidades del departamento General López. La decisión de adherir o no a la nueva estructura no solo tendrá implicancias institucionales, sino también políticas y presupuestarias.
El “reloj electoral” ya está en marcha. Y en ese marco, cada municipio deberá resolver si adapta su esquema de representación a la nueva ley o preserva el modelo vigente. Una decisión que, en muchos casos, redefinirá el equilibrio de poder local de cara a los próximos ciclos electorales.
