El mercado laboral argentino atraviesa un proceso en el que la creación de ocupaciones convive con la pérdida de puestos registrados y una creciente participación del trabajo informal. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que en los últimos doce meses se perdieron 141.700 empleos registrados en relación de dependencia, mientras que el crecimiento del monotributo resultó insuficiente para compensar esa caída.
El diagnóstico se inserta en un escenario que también muestran las estadísticas oficiales. Los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a abril de 2026, contabilizaron 12,765 millones de trabajadores registrados, con una disminución mensual del 0,2%. Dentro de ese universo, los asalariados privados registrados sumaron 6,13 millones y también retrocedieron 0,2% respecto del mes anterior.
Menos asalariados y mayor peso de la informalidad
Según el relevamiento del IAG, si la comparación se extiende hasta el comienzo de la gestión de Javier Milei, la reducción alcanza 329.600 puestos de trabajo registrados, considerando conjuntamente los sectores público y privado.
El incremento de trabajadores adheridos al monotributo no alcanzó a cubrir esa pérdida. En los últimos doce meses se incorporaron 49.500 personas al régimen, de acuerdo con el instituto, una magnitud considerablemente inferior a la disminución del empleo asalariado registrado.
El fenómeno no necesariamente se traduce en una caída equivalente de la cantidad total de personas ocupadas. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mostró durante 2025 una dinámica en la que el crecimiento de la ocupación estuvo explicado fundamentalmente por empleos informales y por el avance del trabajo por cuenta propia.
Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 hubo 238.000 ocupados adicionales en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec. De ese incremento, 201.000 correspondieron a trabajadores informales, alrededor del 85% del total. En ese período, la tasa de informalidad pasó del 42,6% al 43,3%, mientras que el cuentapropismo aumentó del 23,3% al 24,5% de las personas ocupadas.
De este modo, el comportamiento del mercado laboral muestra una diferencia entre cantidad y calidad del empleo: la incorporación de personas a la actividad no implica necesariamente la generación de puestos asalariados registrados, con aportes previsionales y las protecciones asociadas al empleo formal.
El impacto sobre el sistema previsional
El IAG también pone el foco sobre las consecuencias de esa transformación para la seguridad social. De acuerdo con sus cálculos, desde 2023 se contabilizan 622.300 aportantes menos, mientras que durante el mismo período la cantidad de beneficiarios aumentó en 426.261 personas.
En términos relativos, el instituto estima que entre 2023 y marzo de 2026 la cantidad de aportantes disminuyó 5,7%, al tiempo que los beneficiarios crecieron 6,2%. La combinación implica una reducción de la relación entre quienes realizan aportes y quienes reciben prestaciones del sistema.
El Instituto Argentina Grande está conformado por equipos técnicos vinculados a Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Entre sus áreas de trabajo desarrolla análisis sobre mercado laboral, ingresos, políticas públicas y condiciones sociales.
Según el informe, el deterioro del empleo formal también tiene efectos sobre las asignaciones familiares vinculadas a trabajadores registrados y se combina con cambios aplicados sobre prestaciones no contributivas.
Salarios y poder adquisitivo
La evolución de los ingresos agrega otra dimensión al cuadro laboral. El relevamiento del IAG sostiene que durante mayo el salario real del sector privado registrado disminuyó 0,1%, mientras que el correspondiente a los trabajadores del sector público nacional cayó 0,6%.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en tanto, registró una pérdida real del 1% durante ese mes. La comparación con el promedio de 2023 amplía considerablemente las diferencias: según los cálculos del instituto, el salario real de los empleados públicos nacionales acumula una caída del 38,5%, mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo 41,1%.
La combinación de empleo formal debilitado, expansión de ocupaciones informales y pérdida de ingresos reales constituye uno de los elementos centrales del diagnóstico. El problema excede así la tasa de desocupación: una persona puede permanecer ocupada y, al mismo tiempo, pasar de un puesto registrado a una actividad independiente o informal con menor cobertura laboral y previsional.
La morosidad refleja la presión sobre los hogares
El deterioro de los ingresos encuentra otro indicador en la capacidad de las familias para cumplir con sus deudas. Un informe publicado el 23 de julio por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del Banco Central, determinó que la morosidad del sector privado con las entidades financieras llegó al 7,6% en mayo de 2026, después de 19 meses consecutivos de aumentos desde el 1,5% registrado en octubre de 2024.
El deterioro es considerablemente mayor entre los hogares. Según el procesamiento de la Central de Deudores del Sistema Financiero realizado por CEPA, la irregularidad crediticia de las familias pasó del 2,5% al 12,3% entre octubre de 2024 y mayo de este año.
Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban en abril —último dato desagregado disponible para esos instrumentos— el 73% del saldo irregular de las familias. La mora alcanzaba el 14,9% en préstamos personales y el 12,5% en tarjetas.
El cuadro es todavía más pronunciado fuera de la banca tradicional. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, la mora de las familias con billeteras virtuales saltó del 7,3% al 29,6%, superando el 27,1% registrado en mayo de 2020, durante la pandemia. La comparación debe considerar que la serie estadística de este segmento comienza en 2018.
CEPA calculó además que en mayo había 20,9 millones de deudores entre bancos y proveedores no financieros de crédito, de los cuales 5,8 millones presentaban situaciones de mora. El instituto estimó que, al considerar conjuntamente bancos y billeteras virtuales, la irregularidad financiera de las familias rondaba el 15,5%.
Los indicadores laborales y financieros describen así dos dimensiones de un mismo escenario: la expansión de formas de trabajo menos protegidas coincide con mayores dificultades de los hogares para sostener sus compromisos crediticios. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la caída del empleo registrado logra revertirse o si la generación de ocupaciones continúa concentrándose en modalidades informales y por cuenta propia.
