En el último mes del año las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales podrían aumentar en un nivel cercano al 11% o 12%.
En diciembre debe otorgarse el último reajuste del año según lo que marca la ley de movilidad previsional aprobada a fines de 2020: la fórmula, de aplicación trimestral, considera entre sus componentes la variación interanual, en un trimestre, de la recaudación de impuestos con los que se financian parcialmente los pagos de la seguridad social, medida por beneficiarios, y la evolución trimestral de los salarios, según uno de dos índices oficiales.
Pero en diciembre se agrega una particularidad: la nueva ley previó un tope al incremento que los jubilados pueden recibir en un año, y con el cálculo del índice de ese mes se evalúa si se aplica o no. Concretamente, se dispuso que la suba de haberes no puede ser superior al aumento interanual (considerando en este caso un período de 12 meses) de la recaudación de los recursos totales que recibe la Anses, multiplicado por 1,03.
En rigor, todavía falta la publicación de uno de los datos involucrados en la fórmula. Para el cálculo se toma en cuenta la variación promedio de los salarios según el índice del Indec o según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que difunde el Ministerio de Trabajo (de los dos, se considera el de mayor crecimiento). En este caso, se observa lo ocurrido en el tercer trimestre del año, un período en el que el segundo indicador mencionado avanzó 11,3%. El número del Indec correspondiente al mes de septiembre (el dato que falta para completar los del tercer trimestre) se conocerá el jueves de esta semana. Ese mismo día, probablemente la Anses oficialice cuál será el aumento de haberes.
Tomando como base lo ocurrido con el Ripte, el cálculo hecho por Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y docente e investigador en la Universidad de General Sarmiento, arroja que el índice de diciembre rondaría el 11,8%. Rafael Rofman, director del programa de Protección Social del Cippec, lo ubicó estimativamente en el 12%, en tanto que de acuerdo a una estimación del Ieral de Fundación Mediterránea, el incremento podría ser algo superior: de 12,6%.
A diferencia de la fórmula anterior, que era simple de calcular a partir de datos hechos públicos regularmente, la nueva modalidad, al involucrar la recaudación de una parte de los recursos del Estado y la aplicación de un tope, es más compleja. Eso provocó, de hecho, que la propia ley delegara a normativas de rango inferior la elaboración de aclaraciones respecto de cómo considerar los valores bajo determinados supuestos; por ejemplo, en el caso de modificaciones normativas en materia impositiva o de cambios en el destino de la recaudación de algún tributo (ese tipo de hechos alterarían las comparaciones dispuestas por la fórmula).
Si se confirma un aumento de alrededor del 11 o 12%, las jubilaciones estarían empatando o ganándole levemente a la inflación este año, aunque la variación de precios es un dato que, obviamente, aún no se conoce. Hasta ahora hubo tres subas de haberes: una de 8,07% en marzo; otra de 12,12% en junio y una tercera de 12,39% en septiembre. Así, se acumula un aumento de 36,2%.
La inflación, en tanto, fue de 37% hasta el noveno mes del año y llegaría a 50,3% en diciembre, según el promedio de lo estimado por varios economistas, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el viernes último dio a conocer el Banco Central. Para que se cumpla ese pronóstico, el índice promedio de precios mensual de este último trimestre del año no debería superar el 3,1%.
El año pasado, los haberes jubilatorios perdieron frente a la inflación, a causa de la decisión política del Gobierno de Alberto Fernández de suspender la fórmula de movilidad que se había aprobado en 2017, y de decidir subas por decretos. El resultado fue que se dieron aumentos de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos, mientras que la inflación fue de 36,1%. En caso de haberse aplicado la fórmula anterior, la recomposición de 2020 hubiera sido de 42,1%, superior a la variación del índice de precios. La estrategia oficial, que implicó un ajuste que afectó al bolsillo de los jubilados, es un tema que está en discusión en la justicia, hasta ahora, con sentencias dispares según el lugar del país.
De no haber ocurrido la suspensión y la derogación de la fórmula anterior, los haberes jubilatorios serían, hoy por hoy, entre 3,1% y 12,3% más elevados en comparación con lo que efectivamente son. En 2018 y 2019, en tanto, los haberes también habían perdido valor real; sin embargo, en lugar de una medida para recuperar aquel efecto negativo, el Gobierno decidió la suspensión de la fórmula justo en el año en que su aplicación iba a implicar la recuperación de unos puntos de poder de compra, y su reemplazo por decretos que establecieron subas inferiores, más allá de que para un grupo hubo bonos compensatorios.
El resultado de la fórmula de movilidad se utiliza no solo para aumentar las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general que gestiona la Anses, sino también para actualizar otros valores, como los de los pagos por hijo que reciben asalariados y monotributistas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las pensiones no contributivas como la PUAM, los aportes previsionales de los autónomos y los salarios topes para hacer el cálculo de los descuentos con destino al financiamiento del régimen previsional, la obra social del trabajador y el PAMI.
