Hace exactamente 580 días, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. Desde entonces, los santafesinos hemos sido espectadores y boludeados por un espectáculo de anuncios —muchos de ellos con insultos—, reestructuraciones y supuestos “maquillajes” presupuestarios que, en los hechos, no han encontrado un correlato tangible en las rutas, escuelas, hospitales ni en las defensas hídricas que sostienen la vida cotidiana de nuestras comunidades.
De la misma manera que el Estado provincial exhibe con bombo y platillo la transparencia de las obras finalizadas, resulta imperativo que Maximiliano Pullaro y sus funcionarios informen con igual claridad los recortes sucesivos de inversión y las decisiones que anulan proyectos ya en marcha. En la última semana, tras el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad el gobierno nacional dio de baja las concesiones de obras para el mantenimiento en las rutas nacionales 33 y 178, dos corredores esenciales para el transporte de personas y carga en el sur de la provincia. Contratos adjudicados y planes técnicos aprobados quedaron formalmente caducados, bajo el argumento de demoras administrativas, cuando la realidad es que la burocracia se traduce en rutas en ruinas.
Simultáneamente, la provincia de Santa Fe se vio obligada a gestionar un crédito por 25 millones de dólares para continuar y terminar la obra de defensa hídrica en San Javier. Los fondos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, respaldados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y previamente aprobados, sufrieron un corte intempestivo de transferencias por parte del Ejecutivo Nacional. Esta decisión dejó en vilo la protección contra inundaciones de miles de habitantes, forzando al Estado provincial a buscar financiamiento alternativo para no exponer nuevamente barrios enteros al anegamiento.
En 580 días, hemos visto posponer fechas de inicio, cambiar responsables de unidades ejecutoras y prometer “revisiones” que nunca desembocaron en fondos ni en maquinaria trabajando en el asfalto o en las obras. Cada accidente en la Ruta 33, cada vuelco en la Ruta 178, y cada anegamiento parcial que podría haberse evitado, son recordatorios trágicos de que las decisiones políticas de recortes y omisiones institucionales ponen en riesgo vidas y bienes.
Los múltiples viajes de nuestras autoridades —incluidos diputados y senadores santafesinos— a Buenos Aires han servido, hasta ahora, más para reuniones protocolares y selfies que para traer resultados concretos. Las “chicanas” partidarias quedan desdibujadas ante las consecuencias palpables: heridos y muertos por la falta de rutas seguras. Mientras tanto, los ciudadanos –contribuyentes de este Estado con nuestros impuestos– demandamos algo tan elemental como el cumplimiento de plazos y la asignación de recursos comprometidos.
La transparencia, ese valor proclamado por todo gobierno que se precie de democrático, no puede limitarse al relato de lo concluido. Debe extenderse al inventario de lo postergado, de lo recortado y de lo anulado. Reconocer públicamente que faltan recursos o que se deciden recortes no es signo de debilidad, sino de responsabilidad: solo así la sociedad podrá exigir los mecanismos de control y las alternativas para no quedar a merced de un déficit que, a fuerza de silenciarse, se convierte en tragedia.
En definitiva, ya no alcanza con el anuncio de “reestructurar” ni con la esperanza de un “plan en marcha”. Los 580 días transcurridos son prueba suficiente de que detrás de cada demora existe una decisión política, de no hacer nada, porque no tienen nada para ofrecer. Santa Fe no puede seguir siendo el patio de atrás de una agenda nacional que elude sus propias obligaciones. Exijamos —con la fuerza de la verdad y la transparencia institucional— que las inversiones que corresponden a nuestra provincia dejen de ser maquillaje y pasen a ser obra concreta, beneficio tangible y tranquilidad para todos.
