Personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia del Gobierno se Venado Tuerto, realizó una inspección en un local comercial de Uruguay y Ruta 8 por adulteración de fechas de vencimiento en productos alimentarios. Luego derivó en un allanamiento llevado adelante por fiscalía.
Como consecuencia de una inspección municipal y un allanamiento de fiscalía fue clausurada una empresa distribuidora de productos lácteos y mercadería en general acusada de falsificar con una máquina la fecha de vencimiento de la mercadería. El procedimiento se llevó adelante en la jornada de ayer miércoles y continuará durante este jueves.
A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Horacio Pueyrredón, quien accionó tras una denuncia presentada por las autoridades municipales de Venado Tuerto.
El momento en que los empleados municipales clausuran la empresa distribuidora de Ruta 8 y Uruguay.
Historia del hecho
En la mañana del miércoles personal del área de Control Urbano municipal llevó adelante una inspección de rutina en la empresa ubicada en calle Uruguay en inmediaciones de Ruta 8.
Según fuentes oficiales consultadas, en primer lugar, detectaron mercadería vencida y posteriormente observaron la presencia de una máquina “que en un principio la utilizarían para falsificar las fechas de vencimiento”, contó un funcionario que formó parte de la actividad.
En base a esto, se dirigieron al Ministerio Público de la Acusación a radicar la correspondiente denuncia. Fue así que el fiscal Horacio Puyrredón solicitó una orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juez Leandro Martín.
El momento en que el personal municipal lleva adelante la clausura del local.
Desde el poder judicial incautaron la máquina, sellos, thinner, tintas y algunos productos aparentemente con la fecha adulterada.
El equipo en cuestión fue definido por una fuente del caso como “una especie de máquina vieja de cine, con dos carreteles”.
El lugar fue clausurado, y en la jornada del lunes se llevará adelante la correspondiente audiencia imputativa, donde el titular de la empresa será acusado de “delitos contra la salud pública” y violación a los artículos 289 y 290 del Código Procesal Penal, relacionados con la falsificación. En caso de comprobarse el mecanismo de adulteración, el acusado se expone a una pena mínima de seis meses y a una máxima de tres años, más la multa que establecerá el Tribunal de Faltas Municipal.
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