La Legislatura aprobó por unanimidad la ley impulsada por la diputada Lionella Cattalini. La norma establece controles sobre personas y empresas que aspiren a acceder a contratos, concesiones u obras financiadas con recursos públicos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas, impulsado por la diputada provincial Lionella Cattalini. La iniciativa recibió este jueves aprobación definitiva en la Legislatura y establece nuevos mecanismos de control para impedir que personas o empresas vinculadas a hechos de corrupción puedan beneficiarse con contratos, concesiones u obras financiadas con recursos públicos.
La norma incorpora restricciones para personas humanas y jurídicas que registren antecedentes por delitos contemplados en la ley, y amplía las exigencias de integridad para proveedores, contratistas y concesionarios del Estado provincial. También extiende estos criterios a las contrataciones de obra pública, un área históricamente sensible por su impacto económico, social e institucional.
“Estoy muy contenta porque creo que Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado”, sostuvo Cattalini tras la aprobación de la ley.
Reglas de integridad para contratar con el Estado
La nueva normativa establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes. Ese control también alcanzará a sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a los procesos de contratación.
Además, la ley habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones, con el objetivo de fortalecer los procedimientos de fiscalización y evitar que quienes registren antecedentes incompatibles con la administración de recursos públicos puedan acceder a negocios con el Estado santafesino.
Cattalini remarcó que la iniciativa se inscribe en una línea de fortalecimiento institucional y de control sobre el uso de fondos públicos. En ese sentido, defendió la importancia de sostener la obra pública, pero bajo criterios estrictos de transparencia.
“Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó la legisladora.
Un respaldo unánime en la Legislatura
La diputada también valoró el consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. La ley fue aprobada por unanimidad, un respaldo que, según Cattalini, demuestra la necesidad de consolidar políticas públicas permanentes en materia de transparencia.
“Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado”, señaló.
Con la sanción definitiva, Santa Fe suma una herramienta destinada a reforzar los controles previos en las contrataciones públicas y a fijar estándares de integridad para quienes pretendan vincularse comercialmente con el Estado provincial.
“Santa Fe vuelve a dar una señal clara. Quienes quieran hacer negocios con el Estado deberán cumplir estándares acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos que son de todos los santafesinos. Es una herramienta concreta para cuidar esos recursos y fortalecer la confianza ciudadana”, concluyó Cattalini.
