El Gobierno de Santa Fe avanza con la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral, una estructura creada por decreto para ordenar las licencias médicas, centralizar información sanitaria de los empleados públicos y reducir los niveles de ausentismo en la administración provincial.
El esquema, denominado SIPSAL, fue formalizado mediante el Decreto Nº 1838/2025 y luego derivó en la Licitación Pública Nº 01/2026, con un monto original de 23.841 millones de pesos. La contratación alcanza a trabajadores de la administración pública centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo, además de pasantes y becarios.
La Provincia fundamenta la medida en los indicadores registrados durante 2024. Según el decreto, el 26,73% de los agentes públicos se ausentó al menos un día por mes. Además, en cada jornada laboral faltó, en promedio, el 15,2% de la dotación, mientras que las ausencias por razones médicas acumularon 6.239.722 días caídos de labor. En la presentación oficial del sistema, el Gobierno comparó ese nivel con el promedio general de ausentismo en organizaciones y empresas, que ubicó en el 8%.
Durante la presentación oficial, la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario, definió al SIPSAL como un sistema “innovador e inédito”. La funcionaria explicó que actualmente existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que reúnen a trabajadores de distintas áreas de la administración santafesina y que, por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”. También advirtió que esa situación impide contar con historias clínicas, datos confiables e información estadística para trabajar en prevención y ausentismo.

Un sistema único para más de 150 mil trabajadores
El SIPSAL busca reemplazar un esquema fragmentado por una gestión centralizada de la salud laboral. El decreto advierte que actualmente conviven distintos subsistemas de control, según escalafones y áreas de pertenencia, lo que dificulta una administración uniforme de licencias, prestaciones y seguimientos médicos.
El pliego de la licitación informa una base de 156.057 agentes. Allí se incluyen personal civil, docentes, policías, profesionales de la salud, trabajadores viales, API-Catastro, Fiscalía de Estado, pasantes y becarios.
La contratación se organiza en cinco módulos: servicio operativo y plataforma tecnológica, control médico y salud laboral, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, juntas médicas y exámenes periódicos.
En los hechos, no se trata solo de revisar certificados. El esquema también contempla licencias de corta y larga duración, atención médica primaria en determinados casos, rehabilitación, controles domiciliarios, telemedicina, juntas médicas, informes de auditoría y prestaciones vinculadas a riesgos del trabajo.
Cómo funcionaría el nuevo circuito
La presentación oficial resumió el diagnóstico del sistema anterior con una idea simple: la salud laboral era fragmentada, reactiva y desarticulada, y todo dependía de un certificado en papel. Según ese esquema, el trabajador debía gestionar su atención médica, comunicar la inasistencia dentro de las dos horas de iniciada la jornada, pedir un certificado, concurrir enfermo a la atención de salud laboral para validar la licencia, repetir el circuito si no se recuperaba y volver a presentar documentación al reintegrarse.
Con el SIPSAL, en cambio, el agente podrá comunicar su dolencia a través de un sistema digital, mediante una app, WhatsApp o la línea 0800. Un profesional en medicina laboral lo contactará para realizar las preguntas de rutina y, según el caso, la situación podrá resolverse por telemedicina o derivarse a un centro médico para atención presencial.
El médico evaluará al trabajador y cargará el diagnóstico directamente en el sistema, con notificación automática al área correspondiente. Como canal de atención, la Provincia informó la línea 0800-777-0801, disponible de lunes a viernes de 8 a 18.
La historia clínica laboral como eje sensible
Uno de los aspectos centrales es la creación de una Historia Clínica Electrónica Laboral, definida en el pliego como un registro digital único, longitudinal e interoperable, con datos clínicos, diagnósticos y de evolución vinculados a cada trabajador.
Ese registro deberá integrarse con los sistemas de información de la Provincia y respaldar decisiones clínicas y administrativas sobre licencias, accidentes laborales, juntas médicas y exámenes de aptitud.
El punto abre una discusión sensible. Por un lado, permitiría construir estadísticas y mejorar la planificación de políticas preventivas. Por otro, concentrará información médica laboral de miles de empleados públicos, lo que incorpora interrogantes sobre confidencialidad, protección de datos, intervención privada y capacidad de control estatal.

Una licitación nacional con un solo oferente
La Licitación Pública Nº 01/2026 fue convocada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, con la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública como área comitente. El expediente principal es el 00320-0005641-3 y el objeto formal es contratar servicios de salud laboral y prestaciones en especie por contingencias de riesgos del trabajo.
El procedimiento se diseñó bajo la modalidad de doble sobre. Primero se evalúan la documentación, los antecedentes y la propuesta técnica. Solo las ofertas que superan esa instancia pueden pasar a la apertura económica.
El acto licitatorio se realizó en la sala de reuniones del Ministerio de Economía, en el Centro Cívico Gubernamental, y fue encabezado por funcionarios de Función Pública, Higiene y Salud de los Trabajadores, Seguridad Social y Gestión Tecnológica. En esa instancia se presentó un solo oferente: SML Consultores Médicos S.A. La información oficial indicó que la comisión técnica debía evaluar la propuesta y que, si resultaba aprobada, se procedería a la apertura de la oferta económica.
La firma incorpora además un componente empresario de peso. SML Consultores Médicos S.A. aparece vinculada al Grupo Werthein a través de su estructura directiva: registros societarios nacionales consignan a Lucas Werthein como vicepresidente de la sociedad.
Cuánto puede costar por mes
El pliego no establece un pago mensual fijo, sino una fórmula. El monto a facturar surge de aplicar el porcentaje adjudicado sobre una Unidad de Referencia, multiplicarlo por la cantidad de agentes dados de alta y actualizarlo trimestralmente según una combinación de inflación e incremento salarial de la Administración Central.
La Unidad de Referencia informada para septiembre de 2025 era de 6.345,13 pesos. Si se toma una actualización estimada de 7.466 pesos y se aplica sobre los 156.057 agentes previstos, el costo mensual rondaría los 1.165 millones de pesos. Sobre una base redondeada de 150 mil trabajadores, el monto sería de aproximadamente 1.120 millones de pesos por mes.
Al tipo de cambio oficial de 1.495 pesos por dólar, esa estimación equivale a unos 779 mil dólares mensuales para la base completa prevista en el pliego.
La cifra no debe leerse como monto final adjudicado, porque dependerá del porcentaje que surja de la oferta económica, de la cantidad efectiva de agentes incorporados y de las actualizaciones de la Unidad de Referencia.
Metas obligatorias para bajar el ausentismo
La contratación tendrá una duración prevista de 24 meses, con posibilidad de prórroga por hasta 12 meses. El pliego también establece una implementación progresiva: al menos el 70% de los agentes alcanzados deberá incorporarse durante los primeros tres meses y el resto entre el cuarto y el sexto mes.
La adjudicataria deberá cumplir objetivos concretos. El sistema fija una reducción del ausentismo médico del 15% durante el primer semestre, del 20% al cumplir 12 meses y una tasa promedio de ausencia del 10% al finalizar los 24 meses.
Para verificar esos resultados, la empresa tendrá que emitir reportes mensuales de días de licencia por causas médicas. Los informes serán auditados por la Autoridad de Aplicación y comparados con el período base de 2024, contemplando la estacionalidad de las patologías y eventuales factores epidemiológicos.
Telemedicina, controles domiciliarios y auditorías
El pliego detalla parte del circuito operativo. El prestador podrá verificar y validar las patologías denunciadas por los agentes, citar al trabajador a consulta, efectuar controles domiciliarios o utilizar telemedicina, según criterio médico y condiciones del caso.
En situaciones de discrepancia con la prescripción del médico tratante, el profesional interviniente deberá notificar a la autoridad de aplicación. Para licencias de larga duración, también se prevén informes periódicos sobre la evolución del paciente.
El control domiciliario aparece como una herramienta específica. El pliego contempla qué debe ocurrir si una visita resulta infructuosa por ausencia del empleado o falta de atención al llamado del profesional. En ese caso, se deberá dejar constancia del horario de concurrencia y realizar una toma fotográfica del exterior del domicilio, entre otros registros.
Una reforma de alto impacto administrativo y laboral
El Gobierno provincial presenta el SIPSAL como un cambio de paradigma para cuidar la salud laboral, ordenar licencias, producir información confiable y reducir ausencias. Desde esa mirada, permitiría integrar datos hoy dispersos, agilizar trámites y mejorar la prevención.
Pero el alcance de la contratación muestra una reforma más profunda. La futura adjudicataria no solo intervendrá en licencias médicas: también participará en la gestión de información sanitaria laboral, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, juntas médicas, auditorías, reportes y soporte tecnológico.
Por eso, el debate excede la discusión sobre cuántos empleados faltan al trabajo. Lo que empieza a definirse es una reconfiguración integral del control médico laboral del Estado santafesino, con impacto económico, sanitario, tecnológico y gremial sobre la administración pública provincial.
Decreto Nº 1838/2025
Licitación Pública Nº 01/2026
Presentación del SIPSAL

