La protesta policial de este miércoles 4 de febrero en Rosario no fue improvisada ni repentina. Comenzó durante la tarde, frente a la Jefatura de Policía, y fue creciendo con el correr de las horas al ritmo del malestar acumulado dentro de la fuerza. Recién entrada la noche, y como consecuencia directa de esa manifestación sostenida, se produjo una reunión entre funcionarios provinciales y representantes del reclamo. Para entonces, en la vereda seguían concentrados policías, familiares y allegados bajo una consigna que atravesó toda la jornada: “Por los que ya no están”.
Desde el gobierno provincial se dejó trascender que el patrullaje en la ciudad se desarrollaba con normalidad. Afuera, sin embargo, lo que se veía era otra cosa: cansancio, bronca y una sensación compartida de abandono. La escena de este miércoles fue, además, el segundo reclamo visible en apenas tres días.
El lunes, mientras el suboficial Oscar Eduardo “Chimi” Valdéz permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, familiares y compañeros ya se habían concentrado frente al hospital. Aquella primera manifestación, cargada de angustia, fue el primer gesto público de un malestar que hasta entonces se expresaba casi exclusivamente puertas adentro de la institución.
La confirmación de la muerte de Valdéz, ocurrida este miércoles tras 48 horas de agonía, terminó de convertir ese malestar en una protesta abierta frente a la Jefatura. El suboficial tenía 32 años, era oriundo de la zona rural de Vera y había prestado servicio desde 2019 en el Cuerpo Guardia de Infantería. Desde junio de 2025 se encontraba con licencia médica tras haber padecido fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad grave que lo mantuvo cerca de 50 días en terapia intensiva. Su expectativa era reincorporarse a la fuerza: tenía prevista una junta médica para el próximo 23 de febrero.
El lunes al mediodía se presentó uniformado en la Jefatura con la intención de volver al servicio. En ese contexto, cuando le quitó a una compañera su arma reglamentaria, se produjo el disparo, que derivó en su internación y, dos días después, en su fallecimiento. El impacto fue inmediato y profundo, tanto en Rosario como en el norte santafesino, donde Valdéz había trabajado en distintas dependencias y era recordado por intervenciones destacadas a lo largo de su carrera.
En paralelo, comenzó a circular un comunicado en redes sociales dirigido “A toda la hermandad policial”, en el que se describe un escenario de horarios de trabajo extenuantes, salarios que no alcanzan, ausencia de contención psicológica y un desgaste emocional extremo. El texto apunta directamente al gobernador Maximiliano Pullaro y advierte que el silencio institucional frente a esta realidad tiene consecuencias concretas.
“No son casos aislados”, repiten familiares y efectivos. “La salud mental también es una cuestión laboral”.
La concentración de este miércoles, iniciada por la tarde y sostenida hasta entrada la noche, dejó en claro que el reclamo va mucho más allá de un pedido salarial. Incluye la exigencia de jornadas más humanas, el fin de los recargos permanentes, acompañamiento psicológico real y el reconocimiento del impacto físico y emocional que implica sostener tareas de alto riesgo de manera constante.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento público oficial del gobierno provincial que aborde de manera directa el trasfondo del reclamo ni la problemática de la salud mental dentro de la fuerza. La reunión del miércoles por la noche fue, por ahora, el único gesto institucional frente a una protesta que empezó en la calle, creció durante toda la tarde y forzó un diálogo nocturno, sin definiciones conocidas.
Entre la manifestación del lunes frente al hospital y la de este miércoles en la Jefatura, el mensaje se repite con claridad: detrás del uniforme hay personas. La pregunta que queda abierta es cuánto más deberá escalar el reclamo para que esa realidad sea reconocida oficialmente y deje de ser respondida con silencio.
