El gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral para las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, la cual también incluye prestaciones de seguridad social para personas con mayor vulnerabilidad.
La reglamentación de la ley, votada por el Congreso en junio pasado, se hizo efectiva a través de los decretos 804 y 805 publicados este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Raquel Olmos.
La iniciativa tiene como objetivo lograr un abordaje integral para el VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, además de brindar contención e información adecuada para evitar situaciones de prejuicios y discriminación.
Cuál es el objetivo de la Ley
La Ley Nacional 27.675 buscará crear un régimen de jubilación Especial para las personas con VIH y con hepatitis B y/o C, en caso de que dichas enfermedades condicione la vida o genere algún tipo de impedimento.
Además, se espera que la reglamentación de la ley brinde una pensión no contributiva para aquellos vitalicios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Por último, la norma prevé la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
Solo un 17% de las personas conoce su diagnóstico de VIH
En Argentina más de 170 mil personas viven con VIH, aunque sólo el 17% conoce su diagnóstico según Gilead. Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que en Argentina cada año hay en promedio 4.500 casos nuevos del virus.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, organizaciones y comunidades buscan concientizar acerca del VIH y todas las personas afectadas por el virus.
Principales puntos de la nueva ley de VIH
El proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales y el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos.
Además, establece la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social. Los años de medicalización producen un «envejecimiento prematuro», mientras que «la discriminación histórica» obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.
En este sentido, plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa también destina todo un capítulo a «las mujeres y personas con capacidad de gestar», consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto «favoreciendo el derecho al parto vía vaginal»), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.
En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben «tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres».
Un estudio realizado en Argentina de la Iniciativa Spotlight y ICW, reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de «no tener hijos» por parte de personal de salud.
Además, el proyecto focaliza en las cinco «poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad» identificadas por Onusida (personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas) aunque sin enumerarlas, fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.
El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la «criminalización por la sola condición de la infección».
