Según información que Leguas Noticias pudo recabar según fuentes oficiales, que el gobierno de Javier Milei en el mes de febrero de 2025 tiene previsto que la traza de la Ruta 33, actualmente no concesionada, sea licitada y su adjudicación se estima para julio de 2025.
Una vez llamada la licitación para los primeros 675 kilómetros (decreto inminente), se iniciará una segunda etapa mucho más ambiciosa, que incluye la privatización de las concesiones 8.470 kilómetros de rutas y autopistas actualmente gestionados por Corredores Viales, empresa estatal que quedó sujeta a privatizaciones en la Ley Bases. A esto se suman otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos, el llamado a licitación está previsto para febrero y su adjudicación para julio de 2025.
El Gobierno licitará en total 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.
Ruta Nacional 33 en la zona urbana de Firmat.
Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque las fuentes no quisieron dar más precisiones. De todos modos, habría un período de puesta en valor de rutas y autopistas durante el primer año de la concesión y desde el segundo iniciará el cobro de tarifas.
El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad.
