La Legislatura cerró el año 2021 con la sanción de la ley Tributaria para el ejercicio 2022 donde finalmente se impuso el criterio de la Cámara de Diputados de incluir un artículo, el 55, disponiendo por única vez que lo recaudado por Impuesto Inmobiliario -tanto Urbano como Rural- sea un 60% para el municipio o comuna donde está asentado el inmueble, y el 40% restante para la provincia.
El presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, resaltó la aprobación de la norma que «brinda certeza acerca de cuáles serán los impuestos que va a cobrar el gobierno provincial el año próximo a los contribuyentes, fundamentalmente de los sectores productivos, y sobre cómo se va a financiar el Estado santafesino».
Durante la sesión, Blanco no solo denunció que «los gobiernos locales de una fuerza política distinta a la del gobernador Omar Perotti fueron severamente discriminados en este año electoral», sino que reclamó al Ejecutivo «que pague sus deudas atrasadas» en concepto tales como el Fondos de Obras Menores, Plan Incluir, Obras Delegadas, convenios de Vialidad, Vivienda y Desarrollo Social. «No queremos una provincia rica, con superávit y fondos acumulados en plazos fijos que no cumple con los compromisos fijados con sus municipios y comunas, y los obliga a peregrinar para acceder a esos recursos comprometidos cualquiera sea su signo político», dijo.
En este sentido, con el impulso de diferentes bloques, se incorporó en la norma una compensación a los gobiernos locales por la menor recaudación que tendrán al aplicar el tope del 30% del incremento al impuesto sobre la Patente Automotor que propone el gobierno provincial para 2022.
«El 90% de la recaudación de este tributo corresponde a municipios y comunas, que no fueron consultadas por esta medida, que impactará en los ingresos ya que se verán reducidos por no acompañar el impacto de la inflación», explicó García, quien agregó: «Este alivio fiscal que se propone debe tener una compensación y por eso, para el ejercicio próximo, propusimos que la recaudación del impuesto Inmobiliario se distribuya 40% al tesoro provincial y 60% a los gobiernos locales, en lugar del 50 % y 50 % actual».
