El lunes 16 de septiembre se presentó en La Casa Patria Rosario y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, los resultados del Informe es producto de la suscripción del convenio de alianza y cooperación que firmó la Universidad Nacional de Rosario y la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun, como integrante de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, para llevar adelante un plan de trabajo sobre el sistema previsional en la región.
El convenio conlleva una proyección de enorme trascendencia para la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y el país respecto de un tema de alta prioridad como es el jubilatorio; en particular, el estudio del estado actual del fondo de garantía de sustentabilidad y la litigiosidad en esta temática tan crítica para la sociedad argentina.
Del encuentro disertaron la Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun, Vocal de la Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social; Gabriel De Vedia, Fiscal Federal de la Seguridad Social; Roberto Sukerman, Concejal de la Ciudad de Rosario, ex Director ANSES Rosario; Liliana Coronel, Coordinadora del Convenio entre la UNR y la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social; con la moderación de Rodolfo Ramos, Profesor de la Facultad de Derecho y consejo docente de la Agrupación Eduardo Garat.
El Informe
El trabajo de campo está diagramado en dos etapas diferenciadas. La primera de ellas, cuyos resultados parciales son presentados a continuación, es de tipo cuantitativo y se llevó a cabo por medio de encuestas a la comunidad. Las encuestas, consisten en un conjunto de preguntas destinadas a una muestra representativa –personas, empresas y/o entes e instituciones– con el fin de conocer alguna opinión, características variables, verificar o medir situaciones específicas. La segunda etapa, en pleno proceso de construcción, es de carácter cualitativo. Ésta, por medio de entrevistas en profundidad a referentes de organizaciones sociales, sindicales y especialistas en la materia, está orientada a profundizar en las dimensiones técnicas y simbólicas de la problemática.
Las características de la encuesta fue anónima y destinada a varones y mujeres (con preferencia de mayoría de edad). Se relevó un total de 600 casos. 220 corresponden al barrio Empalme Graneros; 220 a la puerta de la sede central de la ANSES de la ciudad de Rosario y 160 a la localidad de Casilda.
Siguiendo la clasificación etaria de la encuesta: 1) menores de 18 años, 2) entre 18 y 24 años, 3) entre 25 y 44 años, 4) entre 45 y 64 años, 5) mayor a 65 años; el grupo mayoritariamente relevado fue el tercero con el 35 %, seguido por el cuarto y quinto, con el 31% y 22%, respectivamente.
Entre los/as encuestados/as, el 62% corresponde a quienes se auto-perciben e identifican con el género femenino y el 38% restante, con el masculino.
- Nivel socio-educativo y socio-económico
El 97% de los/as encuestados/as, dijo haber atravesado durante el trayecto de su vida, algún nivel del sistema educativo. De este porcentaje, el 10% actualmente se encuentra cursando sus estudios. El 45 % de las personas relevadas completó el secundario. De estos, el 12 % finalizó sus estudios universitarios y el mismo porcentaje no los concluyó. - Cobertura en Salud
En relación a la cobertura en salud resultante, el 44 % respondió acudir únicamente al sistema de salud pública; y el 23%, que inferimos es el porcentaje de jubilados/as encuestados/as, posee PAMI (Programa de Atención Médica Integral). Los números restantes se corresponden con las opciones de obra social sindical-gremial (19%), mutual (3%) y privada (11%). Como veremos en el apartado siguiente, los modos de acceso a la salud se encuentran íntimamente relacionados con la situación y condición laboral de los entrevistados. El alto porcentaje de acceso a la salud por medio de la asistencia pública (44%), está estrechamente vinculado con el porcentaje de desempleo y trabajo informal registrado en la muestra. - Condición laboral
De los datos relevados se desprende que dentro del 47 % que está trabajando, el 27 % no está registrado, y el otro 20 % lo realiza en relación de dependencia.
En concordancia con el gran porcentaje de mujeres encuestadas, el 22 % respondió ser “ama de casa”. El 21% de los/as encuestados se encuentra desempleado/a.
Entre aquellos trabajadores que se encuentran desempleados, se relevó el plazo de búsqueda laboral. El 33% sostuvo que la búsqueda laboral comenzó hace menos de seis meses; el 28% hace entre seis meses y un año que buscan trabajo; el 24% entre un año y tres años; mientras que el 15% hace más de tres años que buscan empleo. De lo que podemos inferir que en los últimos tres años se elevó la cantidad de personas que se encuentran buscando trabajo remunerado. - Situación socio-económica
En función de los datos oficiales publicados por el INDEC en el primer semestre del corriente año (INDEC, 2019) se diseñó la pregunta acerca del ingreso económico familiar. De acuerdo al último informe del organismo, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos menores de edad) requiere al menos de $27.570,43 para vivir mensualmente. El umbral de la pobreza e indigencia ronda los $11.117, 11.
En este sentido, las respuestas dispararon los siguientes porcentajes: el 42 % de los encuestados posee un sustento económico familiar mensual de entre $12.500 y $27.500; un 39% de los encuestados sostuvieron que su ingreso mensual familiar era inferior a $12.500 pesos, mientras que el 19 % cuentan con un ingreso familiar de más de $27.500 pesos.
Luego de relevar el ingreso económico familiar mensual de los encuestados, se consideró a aquellos grupos domésticos de más de cuatro integrantes con el fin de evaluar estimativamente la situación socioeconómica de la muestra. Dicho cruce de datos, tuvo como resultado que el 42 % de las familias no superan el nivel de indigencia; el 30% son pobres; mientras que 28% puede satisfacer la canasta básica total (CBT), es decir puede costear la canasta básica alimentaria y los bienes y servicios. - Prestaciones de ANSES
Con el objetivo de identificar el grado de acceso al sistema de previsión social argentino, se incluyó dentro del cuestionario, una pregunta dedicada a las prestaciones de ANSES. A partir del análisis de los datos, se desprende que el 67% de los encuestados es beneficiario/a de alguna prestación de ANSES.
El 35% de la totalidad de los/as entrevistados/as, dijo percibir haberes jubilatorios, el 30% Asignación Universal por Hijo; le sigue el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con el 13%, y un 8% dijo ser beneficiario de Pensiones no contributivas.
Del total de la muestra, el 67% es beneficiario/a de algunas de las prestaciones de ANSES. Entre los/as beneficiarios/as, el 35% corresponde a jubilaciones y el 30% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Del porcentaje restante, se destacan: la SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) con el 13%; Pensión No Contributiva, 8%; PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores), 6%, y en menor medida, el PROGRESAR y Seguro de desempleo, con el 4% y 1%, respectivamente.
En el caso particular de las Asignaciones Universales por Hijo, es interesante mencionar que el 87% de las beneficiarias de la AUH tienen uno, dos o tres hijos/as a cargo. Tan solo el 5% de las beneficiarias de AUH relevadas dijeron poseer más de cuatro hijos y sólo el 8% tienen cuatro hijos a cargo.
El 22 de julio del corriente año se cumplieron tres años del programa de recomposición de haberes jubilatorios, más conocida como Reparación Histórica (Arts. 20,21 y 22 de la ley 27260), aplicada como parte de la “emergencia previsional” legislada en aquel momento. De esta manera se cumplió el plazo de vigencia establecido para aceptar la propuesta de recomposición de haberes que realizaba ANSES. Hasta esa fecha, y según datos oficiales, 1.353.000 pasivos recibieron un ajuste en los haberes previsionales (al momento de lanzar la medida, desde el gobierno se estimó que la política comprendía a 2,3 millones de jubilados). De aquellas personas que recibieron el ajuste en los haberes tan solo 54.824 renunciaron a los juicios iniciados contra el Estado, mientras que 77.000 decidieron continuar con su litigio.
Si bien según los datos oficiales el Programa de Reparación Histórica “ha tenido una alta aceptación por parte de los destinatarios del mismo, ya que 7 de cada 10 adultos mayores decidieron realizar un acuerdo de Reparación Histórica.” Nuestro relevamiento aporta que, de aquellos encuestados que no accedieron a la jubilación por medio de la ley de inclusión jubilatoria, tan sólo el 21% accedió al Programa de Reparación Histórica, mientras que el 79% no lo hizo. - Opinión y Conocimiento de las leyes previsionales
Lo primero que se infiere del análisis de los datos relevados, es un alto grado de desconocimiento en relación a las políticas previsionales. Sin embargo, se diferencia claramente es el Programa de Reparación Histórica (54% de los encuestados dijeron no saber de qué se trataba dicha política) el que registra mayor grado de desconocimiento en comparación a la Ley de Inclusión Jubilatoria (30% de desconocimiento). El nivel de desconocimiento de ambas políticas incrementa entre las franjas poblacionales más jóvenes. Entre los menores de 25 años, el nivel de desconocimiento de la Ley de Inclusión Jubilatoria alcanza un 55%, y el 68% respecto del programa de Reparación Histórica.
El desconocimiento disminuye considerablemente en relación a la franja anterior entre los entrevistados de 25 a 44 años, el 34 % de desconocimiento en relación a la Ley de Inclusión Jubilatoria y 54% respecto del Programa de Reparación Histórica. Desconocimiento que disminuye apenas unos puntos en la franja que va de 45 a 64 años (30% de desconocimiento en relación a la Ley de Inclusión Jubilatoria contra el 51% del Programa de Reparación Histórica).
Por último, entre los mayores de 65 años, aumenta considerablemente el grado de conocimiento de la ley de Inclusión Jubilatoria (sólo el 8% dijo desconocerla), aunque se mantiene constante el desconocimiento en relación al programa de Reparación histórica (49% dijeron no estar al tanto de dicha legislación).
Es interesante también diferenciar, la imagen positiva de ambas políticas. El 57% de los encuestados, dijeron que la Ley de Inclusión Jubilatoria les parecía Muy Buena -24%- o buena -33%; mientras que sólo el 25% dijo estar de acuerdo con el Programa de Reparación Histórica (5% muy buena, 20% buena). Entre los mayores de 65 años, en edad de jubilarse, aumenta considerablemente la aprobación de la ley de inclusión jubilatoria, alcanzando el 70% de imagen positiva. La ley de inclusión jubilatoria además, cuenta un grado de rechazo de tan sólo el 7% (1% dijo que era una política muy mala, 6% mala), mientras que el Programa de Reparación histórica acumula un 13% de imagen negativa (5% muy mala, 8% mala). - Créditos ANSES
Son los beneficiarios de las Asignación Universal Por Hijo/a, quienes mayoritariamente demandan el crédito (39%), seguidos por los jubilados y pensionados (27%), mientras que un 10 % de los créditos fue solicitado por trabajadores que cuentan con el salario familiar (SUAF), el restante 24% de las solicitudes fue realizado por beneficiarios de otras prestaciones de la ANSES.
A aquellos que accedieron a los créditos, se los interrogó en relación al destino de los mismos, los resultados dejan ver que esta política crediticia anunciada como “oportunidad para poder progresar” o “reducir los niveles de pobreza”, está siendo utilizada mayoritariamente para poder costear las necesidades básicas ante la depreciación de los importes obtenidos a través de las prestaciones de la ANSES. Sumados, la utilización de los créditos para consumo general, el pago de impuestos, la compra de indumentaria y medicamentos, suman el 53%.El 37% de los encuestados dijo utilizar el crédito para consumo general
El 27% para refacciones en su vivienda
El 12 % para saldar deudas
El 7% para compra de bienes y servicios
El 6% para pagar impuestos y servicios
El 5% para compra de medicamentos o tratamientos médicos
El 5% para la compra de ropa
Y Ninguno de ellos para iniciar un emprendimiento. - Situación respecto al año pasado
En relación a la situación socio-económica actual, el 49% de los/as encuestados/as señaló “estar peor”, el 23% “mucho peor”, el 23% “igual” y el 5% “mejor”. La opción “mucho mejor” no obtuvo respuestas. De este hecho, se desprende que aproximadamente más del 70 % de los/as encuestados/as siente que sus condiciones de vida han empeorado en relación al año pasado.
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INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA
PRESENTACIÓN RELEVAMIENTO COMUNITARIO
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