El próximo 13 de abril la provincia de Santa Fe elegirá Convencionales Reformadores de su Constitución y, en algunas localidades, se llevarán a cabo P.A.S.O. para cargos de intendentes, presidentes comunales y concejales. Este proceso pone en juego dos ejes esenciales de toda democracia: la legalidad, sustentada en el cumplimiento de las normas, y la legitimidad, que brota del respaldo efectivo de la ciudadanía.
La legalidad de la elección se garantiza mediante la convocatoria en tiempo y forma, un padrón depurado, boletas autorizadas, fiscalización independiente y escrutinio transparente. No hay objeciones formales al diseño del sistema electoral provincial.
En cambio, la legitimidad depende de la capacidad del sistema para informar e involucrar al electorado. Cuando casi una cuarta parte desconoce los cargos en disputa —desde los convencionales hasta los ediles municipales— y casi otra quinta parte no define su voto, se revela una desconexión entre la estructura legal del comicio y las expectativas ciudadanas.
Según una encuesta regional realizada por Leguas Noticias, con una muestra de 398 participantes mayores de 18 años:
- el 23 % afirma no saber qué votar,
- un 18 % no sabe a quién votar,
- un 38 % ya ha decidido su opción y
- un 21 % anticipa que no irá a votar.
El 23 % que “no sabe qué votar” pone de manifiesto una brecha informativa: la diversidad de cargos y la escasa difusión didáctica generan confusión. El 18 % que “no sabe a quién votar” refleja la carencia de ofertas políticas claras y de referentes que interpelen a distintos segmentos poblacionales. El 38 % que ya decidió su voto demuestra un nivel de movilización relevante, aunque insuficiente para contrarrestar la suma de indecisos y abstencionistas. Y el 21 % que anticipa su abstención expresa el distanciamiento de un sector de la sociedad respecto al sistema político y sus representantes.
La fragmentación de la agenda política, centrada en discusiones sobre plazos institucionales y reformas constitucionales, contrasta con la urgencia de las demandas básicas de la población. El debate electoral tiende a concentrarse en ejes macro, sin articular soluciones concretas para garantizar derechos esenciales en cada región de la provincia. Este desfase alimenta la desconfianza y la apatía, tal como reflejan los elevados índices de indecisión y abstención.
Más allá de estos datos, la realidad cotidiana expone otra brecha: la de un Estado que legisla y organiza elecciones de alto nivel, pero no resuelve necesidades primordiales. En muchas localidades, el derecho al agua potable y saneamiento continúa siendo un reclamo permanente. Familias enteras dependen de camiones cisterna o de pozos clandestinos, sin garantías de potabilidad ni de un sistema de cloacas que evite inundaciones y riesgos sanitarios.
El acceso a la energía eléctrica de calidad y al gas natural es igualmente desigual. Cortes frecuentes de luz y falta de red de gas obligan a los vecinos a emplear estufas a leña o garrafas, con riesgos para la salud y un alto costo económico. La promesa de un servicio continuo y seguro parece ajena a la agenda de los candidatos.
El transporte público urbano y rural adolece de rutas inseguras, frecuencias irregulares y unidades en mal estado. Desplazarse al centro de salud, al trabajo o a los centros educativos puede implicar varias horas diarias y elevados gastos, lo que profundiza la sensación de abandono.
En materia de salud pública de cercanía, la mera existencia de un centro de atención primaria no basta si, ante una emergencia, la ambulancia debe trasladar al paciente más de 50 km hasta el hospital de mediana complejidad más cercano. Esa distancia puede resultar decisiva en casos de infartos, partos complicados o accidentes de tránsito, y revela la falta de una red sanitaria verdaderamente integrada.
Esta desconexión entre la realidad política y los problemas cotidianos erosiona la legitimidad del proceso electoral. No basta con un acto legalmente impecable si la población percibe que sus reclamos más elementales quedan sin respuesta. La democracia exige que la legalidad y la legitimidad converjan: que el voto se traduzca en políticas efectivas de bienestar.
Dotar de auténtica legitimidad al proceso requiere reforzar la comunicación sobre cada cargo en disputa, promover espacios de debate barrial y comunitario, e intensificar la educación cívica mediante simulacros de votación y talleres participativos. Solo así la elección dejará de ser un mero cumplimiento formal para convertirse en la manifestación genuina de la voluntad popular.
Cerrar esta brecha implica reorientar la agenda de los candidatos y las autoridades hacia los problemas que afectan la vida diaria: garantizar agua segura y saneamiento, energía confiable, transporte digno y salud accesible en cada rincón de la provincia de Santa Fe. Solo así, más allá del cumplimiento formal de la ley, la elección del 13 de abril podrá ser reconocida como verdaderamente legítima por quienes depositan su confianza en las urnas.
Resultado de la encuesta realizada por Leguas Noticias.
