Provinciales

Condenaron a tres años de prisión domiciliaria al fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto

Fue en el marco de un procedimiento abreviado en el cual se lo condenó por incumplimiento de deberes, revelación de información secreta y allanamiento ilegal.

En un procedimiento abreviado fue condenado Mauro Blanco, ex fiscal de Venado Tuerto, por una serie de delitos cometidos cuando formaba parte del Ministerio Público de la Acusación. El acuerdo concluyó con una pena de tres años de prisión domiciliaria por incumplimiento de deberes de funcionario público, revelación de información secreta enriquecimiento ilícito y por un allanamiento ilegal.

El ex fiscal Mauro Blanco estaba en prisión domiciliaria desde abril pasado, cuando fue acusado por una serie de delitos cometidos como funcionario. Por esos días una sesión conjunta de senadores y diputados de la provincia definió la destitución de Blanco de su cargo y la inhabilitación por diez años.

El abreviado acordado este lunes consideró tres acusaciones realizadas por el fiscal Luis Mai, de la Unidad Fiscal de Reconquista y propuso la pena de tres años de cumplimiento efectivo en modalidad de prisión domiciliaria, sumado a la inhabilitación para ocupar cargos públicos por seis años. Si bien en un principio había sido acusado de cometer en total 9 delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, el abreviado comprendió tres.

La prisión domiciliaria, en tanto, fue fundamentada en el estado de salud físico y psíquico del ex fiscal, por el cual tiene que realizar un tratamiento semanal, además de ser el único adulto a cargo de sus hijos después del fallecimiento de la madre de éstos. Con el acuerdo de todas las partes, el juez de primera instancia Adrián Godoy confirmó la condena.

Requisa ilegal

El primero de los tres hechos por los que Blanco fue condenado ocurrió el 26 de noviembre de 2019, cuando el ex fiscal ordenó la requisa de un vehículo que era propiedad de una banda que estaba siendo investigada en la Justicia Federal por narcotráfico. Blanco, según la acusación, procedió al realizar la requisa «sin que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente hagan presumir la existencia de elementos útiles para una investigación preexistente».

El utilitario requisado, una Renault Kangoo blanca, estaba en el foco de una investigación federal a una organización criminal encabezada por Mauro Nahuel N., preso por narcotráfico. Este hombre ordenaba amenazas y ataques que otras personas concretaban a bordo del vehículo en cuestión.

Previo a que se realizaran allanamientos ordenados por la Justicia Federal, Mauro Blanco, como fiscal del MPA, procedió al secuestro del vehículo «de forma intempestiva». «No surge cuál fue el hecho o noticia del delito que motivara se ordene el secuestro y posterior peritaje del vehículo», consideró el fiscal Mai. No había orden de secuestro ni denuncia en el marco de una causa provincial que legitimara el procedimiento ordenado por Blanco, que ni siquiera estaba a cargo de la investigación por los ataques a balazos que se habrían realizado desde ese vehículo.

Allanamiento ilegal

Otro de los hechos achacados a Blanco fue el haber revelado información secreta en el marco de una causa judicial por encubrimiento y tenencia ilegítima de arma de fuego. Ocurrió durante un allanamiento, cuando Blanco se comunicó con un allegado a la persona investigada, que a su vez también tenía una causa por narcotráfico.

En las conversaciones captadas el ex fiscal brinda información de la causa en la que está siendo investigada otra persona. Hablan acerca de la persona que estaba siendo allanada, sobre la ausencia de antecedentes y la posibilidad de que quedara en libertad si llegaran a imputarlo.

En otra conversación el interlocutor de Blanco dialoga con otra persona y le dice: «Hablé con el fiscal, así que el loco el lunes a la mañana sale». «Sí, si ya te manejás con el fiscal es otra cosa», le responden.

Por último Blanco fue condenado por el delito de allanamiento ilegal por ese mismo procedimiento de diciembre de 2019. Según el fiscal Mai su ex par ingresó a la vivienda allanada «sin cumplir con las formalidades» del Código Procesal Penal y sin la autorización necesaria.

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