La provincia de Santa Fe anunciará una nueva regulación que prohibirá el uso libre de teléfonos celulares en los establecimientos educativos —primarios, secundarios y terciarios— a partir de 2026. Así lo adelantó el Ministerio de Educación provincial, que apuesta a una norma más moderna y aplicable que la ley vigente desde 2006, pero hasta ahora inefectiva.
Motivos y diagnóstico oficial
Según el ministro José Goity, la norma vigente desde 2006 —la ley 12.686, que ya prevé una restricción al uso de dispositivos móviles durante el horario de clases— no se aplicó ni reglamentó de manera generalizada. En cambio, los avances tecnológicos y el uso masivo de los celulares en las aulas requieren un nuevo abordaje.
Desde la cartera educativa se argumenta que el uso indiscriminado del celular interfiere en las estrategias pedagógicas, provoca dispersión de atención y perjudica los aprendizajes. Por eso, la intención es fijar una “prohibición de base” que luego permita excepciones en situaciones estrictamente pedagógicas y planificadas.
Además, Goity adelantó que la prohibición no será solo para estudiantes: los docentes también quedarán alcanzados durante el horario de clase y en los momentos en que tienen incumbencias en el aula.
¿Cómo sería la aplicación?
El proyecto en estudio prevé que las escuelas —cada institución— deberán adoptar mecanismos para hacer efectiva la norma, con protocolos claros y adaptados a sus particularidades. Entre las ideas mencionadas figura la posibilidad de que los estudiantes guarden sus teléfonos en lockers, que mantengan los dispositivos guardados en sus mochilas o incluso que se desaliente directamente llevarlos al establecimiento.
Cuando el uso de celular tenga fines pedagógicos, deberá estar planificado con antelación y incluirse explícitamente como parte de la clase, dentro de los criterios que establezca la normativa.
Calendario legislativo y desafíos
El gobierno provincial ya cuenta con proyectos presentados ante la Legislatura por distintos legisladores (senadores y diputados) para introducir la nueva norma. Según lo previsto, en 2025 se trabajará en la reglamentación y capacitación, de modo que en 2026 la prohibición entre en vigor de manera sistemática en todo el sistema educativo de Santa Fe.
Si bien el anuncio es recibido con respaldo por sectores que apoyan reforzar la disciplina y el foco en el aula, también enfrenta retos: lograr consenso entre comunidades educativas, diseñar protocolos realistas en escuelas con diferentes recursos y resistencias culturales frente al control del celular.
Una dificultad clave será que la norma “tenga sentido”, como sostuvo Goity: no basta con dictarla, sino internalizarla, hacerla legítima y que los actores del sistema la sostengan con lógica coherente.
