El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ha lanzado una contundente crítica contra la reciente decisión del Gobierno Nacional de cancelar todos los contratos de obra pública destinados a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. La medida, comunicada a través de una nota emitida por la Dirección Nacional de Vialidad, ha generado alarma en el ámbito de la seguridad vial, ya que, según explicó el funcionario, compromete la integridad y la vida de millones de ciudadanos.
Enrico, en una intervención pública, manifestó que la resolución adoptada por el gobierno de Javier Milei equivale a «la estocada final para el malísimo estado» en el que se encuentran las rutas. Añadió que, con esta medida, se interrumpe el flujo de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura vial, dejando a los más de cuarenta mil kilómetros de caminos sin el mantenimiento indispensable para garantizar un tránsito seguro.
El funcionario lamentó la cancelación de obras en rutas fundamentales como la 33, 11, 178 y 34, y destacó la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar lo que considera un problema de seguridad vial de gran magnitud. El ministro subrayó que la política implementada por el actual gobierno se centra exclusivamente en la capital, dejando de lado las necesidades del interior del país. Según datos oficiales, en los 2.685 kilómetros de rutas en Santa Fe se registra, en promedio, una fatalidad cada 19 kilómetros al año, lo que evidencia de forma alarmante la precariedad de las vías y el riesgo constante para quienes las transitan.
En respuesta a esta situación, el Enrico ha solicitado que el Gobierno Nacional delegue en las provincias la administración de las rutas, permitiendo la formulación de un plan integral de mantenimiento y reparación. De esta forma, se busca que cada jurisdicción pueda atender de manera más efectiva las particularidades y urgencias de su red vial, promoviendo inversiones locales que aseguren la sostenibilidad y la seguridad en el tránsito diario.
El debate generado por esta medida ha encendido las alarmas en diversos sectores, incluyendo a autoridades provinciales y expertos en infraestructura. Diversos especialistas han señalado que la falta de inversión y mantenimiento en las rutas no es exclusiva de un país, pero que ningún sistema vial en el mundo puede funcionar de manera segura sin el respaldo constante del Estado. En este contexto, la acción del Gobierno Nacional ha sido interpretada como un abandono de las necesidades básicas de la población que depende de estas vías para el desarrollo económico y social.
El ministro Enrico enfatizó además que esta medida se enmarca en una visión política que ignora las realidades del interior, donde las cifras de accidentes y muertes son una constante. Aseguró que la cancelación de los contratos de obra pública constituye un retroceso en términos de seguridad vial, y subrayó la necesidad de replantear las políticas de inversión en infraestructura para evitar mayores riesgos. El llamado a la delegación de competencias a las provincias surge como una alternativa para revertir el deterioro y establecer un modelo de gestión más cercano a las necesidades locales.
