El Presidente lo firmaría este viernes, según fuentes oficiales; esto habilitaría el ingreso de las dosis fabricadas en los Estados Unidos, tras los cuestionamientos.
El gobierno nacional trabaja en los detalles finales del decreto que firmará en las próximas horas el presidente Alberto Fernández para que puedan ingresar a la Argentina las vacunas que se producen en Estados Unidos.
“Estamos avanzando. Vamos bien, pero aún falta”, dijo una altísima fuente oficial con despacho en la Casa Rosada. Con creciente optimismo -aunque aún con cautela por la delicadeza que tienen las cláusulas de confidencialidad- el Gobierno avanzó en las últimas horas en la negociación con Pfizer, Johnson & Johnson (Janssen) y Moderna, así como también con autoridades de la Casa Blanca para destrabar un acuerdo con los laboratorios norteamericanos.
Así, el Gobierno podría finalmente comprar vacunas fabricadas en los Estados Unidos y recibir la donación de dosis que la administración del presidente norteamericano, Joseph Biden, le hará a América Latina.
Tras meses de engorrosas gestiones frustradas y con escollos legales que se arrastran desde el año pasado, la posible llave para acceder a las vacunas que se fabrican en los Estados Unidos es un DNU que está sobre el escritorio del Presidente y que modificaría la ley de vacunas que entra en cortocircuito con los requerimientos legales de los laboratorios.
“La negociación con los laboratorios americanos se trabó y el presidente se cansó. Lo resuelve por decreto”, sostuvo uno de los hombres de confianza del jefe del Estado. “Se haría más flexible la norma para comprar vacunas americanas, principalmente las pediátricas”, confirmó un importante funcionario del gabinete. La vacuna de Pfizer es una de las pocas que está aprobada para menores de 18 años. La clave: modificaría la ley de Vacunas que objetó desde el comienzo de la negociación el laboratorio Pfizer.
En medio de las vertiginosas gestiones que se llevan a cabo desde la Casa Rosada, el bloque del Frente de Todos rechazó este jueves un pedido de la oposición para tratar sobre tablas un cambio en el texto de la ley de vacunas para quitar la excepción a la indemnidad “en casos de negligencia”, uno de los escollos jurídicos que enfrentó el Gobierno en la negociación con Pfizer.
El Gobierno trabajó a dos bandas. Por un lado, mantuvo un intenso ida y vuelta con los ejecutivos de los laboratorios. Mientras que, por el otro, mantuvo conversaciones con funcionarios de la administración de Biden para que terciaran y ayudaran a acercar posiciones entre la Casa Rosada y los gigantes farmacéuticos norteamericanos.
A cargo de esas negociaciones estuvo la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra -custodia jurídica del Presidente-; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Se trata de las tres funcionarias en las que Fernández depositó la responsabilidad de salir al mundo a conseguir dosis.
Las negociaciones comenzaron con Pfizer -la primera vacuna que hizo ensayos clínicos en la Argentina y en ser aprobada por la Anmat-, pero luego se sumó Johnson & Johnson, otra gigante norteamericana que mostró las mismas exigencias legales. El caso de Moderna es distinto, por tratarse de una compañía más pequeña, con otros requerimientos.
Según distintas fuentes oficiales, la excepción a la indemnidad “en casos de negligencia” que figura en la ley de vacunas -es decir, la norma que indica que el laboratorio debe hacerse cargo de una indemnización en caso de negligencia- no fue el único obstáculo de la negociación. Los laboratorios pidieron una serie de condiciones y el Gobierno respondió sobre cuáles podía ceder. Hubo un ida y vuelta constante en las últimas semanas para calibrar las exigencias de ambas partes.
En ese escenario, el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, confirmó en un encuentro en la Cámara de Diputados que organizó Sergio Massa que la ley de vacunas que se sancionó en octubre pasado “no es compatible” con algunos de los mecanismos contractuales que pide el laboratorio y que, por esa razón, naufragaron las negociaciones con el Gobierno para cerrar un contrato para la provisión de vacunas contra el Covid-19.
Según precisó Vaquer, el principio de acuerdo al que se había arribado en julio pasado contemplaba la entrega de un millón de dosis en diciembre de 2020 sobre un total de13,2 millones de vacunas a ser provistas a lo largo de este año.
Además, hubo al menos dos videoconferencias encabezadas por Vizzotti y Nicolini con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca para resolver los obstáculos que tiene la llegada de las vacunas que prevén donar los Estados Unidos a través del mecanismo Covax.
Independientemente de las cuestiones jurídicas, la Argentina aún debe resolver la autorización de uso de esas vacunas. Pfizer fue la primera alternativa autorizada por la Anmat. En el caso de Johnson & Johnson (Janssen), el trámite en la Anmat ya está iniciado, aunque no se completó.
Fuente: La Nación – Maia Jastreblansk y Santiago Dapelo
