Por Luciana Geuna / TN
¿Cuál es la evolución del terror una vez que se instala? En Rosario, que a un mozo se le caiga por accidente una bandeja en un bar produce un ataque de pánico. Nadie piensa en tazas rotas. Sólo suponen disparos y ejecuciones. Una sociedad que no se anima a salir a la calle. Ni siquiera para reclamar. Héctor, Diego, Marcos y Bruno están muertos. Dos taxistas, un colectivero y un trabajador de 25 años de una estación de servicio. En una semana los asesinaron con un mensaje que cambió el curso de la narcoviolencia en el país: es el turno de los inocentes.
Estos últimos días de calma sólo camuflan un estado de situación de una complejidad tan peligrosa que todo el tiempo respira fracaso.
¿Cómo y dónde está la solución? Casi todas las sintetizaciones son incompletas, pero está claro que en la acción coordinada de Nación y Santa Fe (que no funcionó tan coordinadamente los primeros tres meses de gestión de Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro que estuvieron llenos de tensiones, rosca política y pugna por el control de una cárcel de máxima seguridad en Coronda que los dos quieren para sí y el Gobierno nacional no termina aunque falte el 5%). La solución está, así lo explicó la ministra de Seguridad de la Nación, en el desarme de una ciudad con tasas delirantes de portación ilegal de armas (que incluye asesinatos con balas de la policía como en el caso de los taxistas), en el desmantelamiento de los ejércitos de sicarios; en el saneamiento de una fuerza provincial de seguridad que siempre fue parte del problema a la vez. Equipamiento, plata, patrullaje, inteligencia criminal.
Pasaron casi once años del crimen del Pájaro Cantero, el líder narco cuya muerte expuso lo que nadie quería mostrar. Lo que siguió está a la vista. De todos los actores que tienen responsabilidad sobre la solución, naturalmente hay que mirar también a la Justicia, ese ámbito donde muchas veces los tecnicismos y sus vericuetos dificultan ver con claridad.
Veamos: la Justicia federal tiene a su cargo las grandes bandas, el narcotráfico y el lavado de dinero. La ordinaria (la justicia provincial), los delitos comunes como asesinatos. Santa Fe, se sabe, fortaleció y modernizó su sistema judicial para abordar lo que la justicia federal nunca hizo con eficacia. Los capos narcos están presos por los crímenes que mandaron a ejecutar, no por la droga que trafican y venden. El narcomenudeo, que dependía de la Justicia federal, pasó a la ordinaria. Otra vez, buscando avanzar donde nadie se metía. Algo similar empezó a pasar hasta con el lavado de dinero, una órbita donde claramente no hay competencia provincial. ¿O es imaginable combatir la narcoviolencia sin cortar los vehículos en los que se mueve el dinero de ese negocio?
En el coqueto Boulevard Oroño de Rosario funcionan los dos juzgados federales. Sus titulares son Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros. Hay funcionarios judiciales recién llegados a la ciudad que todavía no pueden creer que en esta zona envenenada sobre la que tienen que administrar justicia, los despachos de los magistrados funcionen de 7 a 13, en estricto horario tribunalicio. Es apenas una muestra. Hay mucho más. No hay antecedentes de causas en las que estos jueces impulsen y consigan resultados contundentes sobre los protagonistas de la narcoviolencia antes que en la Justicia provincial. Ni por narco ni por lavado. Se argumenta falta de personal. La Corte Suprema asegura que no hay ningún otro lugar del país al que refuercen con más empleados.
Buscando dar respuestas urgentes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció ahora una adaptación urgente del sistema acusatorio en la provincia, o sea que sean los fiscales los que lleven las pesquisas. En Santa Fe (como en casi todo el país) rige el código que le da a los jueces el poder de ser los que investigan o los que delegan en un fiscal. Un poder supremo. Libarona dice que desde el lunes eso cambiará. Es impracticable. Falta plata, gente, organización. La fecha será otra pero el cambio parece un hecho porque todos saben que es difícil justificar el derrotero de estos magistrados.
Hay un ejemplo perturbador de esta “desidia”. En 2022, cuando un fiscal provincial hizo su alegato final contra el capo narco Esteban Alvarado en el juicio oral por asociación ilícita y por dos secuestros y asesinatos, aseguró que desde 2012, una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria había demostrado que Alvarado era un jugador importante en el comercio de drogas de la ciudad y que contaba con altos niveles de cooperación de la policía provincial en niveles jerárquicos. Todo ese material descansó diez años en el despacho del juez Marcelo Bailaque. “Hubo una incomprensible inacción de la Justicia Federal de Rosario”, dijo el fiscal. En palabras más claras: durante diez años en una ciudad hackeada por los narcos, se acumuló en el despacho del juez federal obligado a investigarlos, un informe de 1800 páginas de la PSA donde tenían evidencia de la organización criminal de Alvarado y sus vínculos corruptos con jerarcas policiales. Con toda esa prueba no hizo nada.
Ese alegato derivó, naturalmente, en una denuncia contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura. Ingresó el 4 de julio de 2022. Pasaron casi dos años. La diputada Roxana Reyes tiene el caso. Ni siquiera notificó al juez de la denuncia. Bailaque sigue en funciones ganando, según consigna el Consejo, casi 4.5 millones de pesos por mes como juez federal.
