Es uno de los momentos más delicados para el mercado de trabajo en la provincia, una confluencia de factores económicos, productivos y sociales acelera el deterioro de las condiciones laborales.
Mientras las fábricas luchan por sostenerse frente a la caída de la demanda, tarifas crecientes y competencia importada; los hogares en los barrios populares están obligados al pluriempleo y al endeudamiento para sobrevivir; el mapa laboral santafesino exhibe con crudeza sus fisuras. La pregunta que se impone es: ¿quién asume la responsabilidad política de revertir esta tendencia?
La crisis industrial golpea el corazón productivo
En los últimos meses, diversos informes e intervenciones oficiales han alertado sobre un deterioro en el sector fabril santafesino. En julio de 2025, la actividad fabril provincial registró una caída interanual del 5,2% y una merma mensual de 3,3%, según datos de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). Así, el nivel de producción se encuentra más de un 10% por debajo del promedio de 2022.
Al respecto, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, calificó la situación como “compleja y crítica”, apuntando a la apertura indiscriminada de importaciones, el contrabando, la caída del consumo interno y tasas de interés que hacen insoportable la estructura de costos de las pymes locales. “Hay una caída importante en las ventas, sobre todo en sectores sensibles como el textil, el calzado y la maquinaria agrícola”, detalló.
Las empresas emblemáticas del sector industrial no quedan afuera del impacto. Casos como Vassalli, que retomó operaciones con jornada reducida tras cuatro meses de conflicto, y Acindar en Villa Constitución, que opera al 50% de su capacidad con suspensiones masivas entre su personal y los contratistas, muestran la dimensión del problema.
Otras firmas, como Algodonera Avellaneda, perteneciente al grupo Vicentin, han sufrido retrasos en el pago de salarios e incluso paralizaciones por falta de materia prima o pedidos, y enfrentan procesos judiciales, planes de crisis y riesgo para los 400 trabajadores involucrados.
El impacto también se extiende al sector frigorífico. En frigoríficos de Villa Gobernador Gálvez y Rosario se registraron despidos recientes —por ejemplo, en Euro se notificaron 46 empleados despedidos en una tanda reciente— y suspensiones prolongadas.
La fábrica Electrolux, dedicada a la producción de línea blanca, implementó suspensiones rotativas durante octubre que afectan a unos 400 trabajadores, en el marco de un deterioro sostenido de la actividad metalúrgica.
Los sindicatos y cámaras industriales advierten que la situación no se limita a esos casos: cerca del 58% de las ramas fabriles de la provincia registran retracción interanual.
Este contexto de caída productiva y sobrecostos financieros arroja sombras sobre la sustentabilidad de muchas pymes. En ese sentido, Roald Báscolo, ministro de Trabajo provincial, alertó que “es imposible sostener una estructura productiva pagando tasas del 80% o 100% cuando se proyecta una inflación del 20% o 25% anual”.
Desempleo, subocupación e informalidad: cifras que no dan tregua
Los efectos productivos tienen traducción directa en el mercado laboral. En el Gran Santa Fe, la desocupación subió al 5,5% en el segundo trimestre de 2025 desde 4,2%, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Además, la subocupación alcanzó al 10% de la población económicamente activa. En el Gran Rosario, la tasa de desocupación saltó de 7,1% a 7,7%.
Un estudio de la Cámara de Diputados, en conjunto con la consultora PxQ, revela que, aunque hubo un repunte con respecto a 2024, la actividad volvió a registrar dos meses consecutivos de caída en mayo y junio, y en julio la retracción fue del –2,3 % mensual y –1,1 % interanual.
Además, desde la Comisión de Asuntos Laborales se indica que unos 120.000 santafesinos que tienen empleo buscan un segundo ingreso para compensar la caída del salario real y la escasez de ofertas laborales dignas. Este “segundo trabajo” suele ser informal, eventualmente precarizado, con mala remuneración y sin garantías sociales.
La informalidad es una vieja cicatriz que hoy se agrava: uno de cada tres trabajadores santafesinos trabaja “en negro”, según informes del diputado Joaquín Blanco.
El reclamo político: “la provincia también tiene responsabilidad”
La gravedad del escenario industrial generó declaraciones críticas de la oposición y exfuncionarios. Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo, destacó que desde diciembre de 2023 se perdieron 12.900 empleos privados registrados en Santa Fe.
Para Pusineri, no basta con señalar al gobierno nacional: la provincia debe asumir su parte. En sus declaraciones, enfatizó que los servicios y los impuestos en Santa Fe aumentaron entre un 400% y 700%, mientras que los salarios registrados apenas superaron el 200%. Esa brecha, aseguró, erosiona el poder adquisitivo y limita la demanda interna, lo cual incide directamente sobre la producción.
Por otra parte, planteó la necesidad de tarifas razonables, alivio fiscal para pymes y una coordinación efectiva entre municipios y el gobierno provincial.
Las críticas atraviesan tanto al oficialismo como la oposición local. Desde cámaras industriales se indica que no se ven políticas provinciales activas capaces de sostener la producción ni programas de asistencia adecuados.
El gobierno provincial, por su parte, insiste en que buena parte de la responsabilidad está en el desorden macroeconómico nacional, y que no puede compensar por sí solo un contexto externo adverso. Pero en el terreno de la gestión local, la percepción de inacción o ausencia de soluciones concretas crece.
Desde el gobierno provincial, la estrategia pivota en el fortalecimiento de la inspección laboral y la regularización de empleo informal. En 2024 el Ministerio de Trabajo santafesino visitó 5.653 establecimientos, relevando 13.482 trabajadores, y logró registrar al 55% de quienes estaban en condición informal.
No obstante, este tipo de intervenciones correctivas enfrenta límites estructurales frente a la magnitud de la crisis macroeconómica: tasas de interés elevadas, inflación desbocada, apertura de importaciones, caída del consumo interno y restricciones de crédito son factores exógenos que tensionan toda acción regional.
Gremios y cámaras empresarias advierten también que las políticas actuales replican el ajuste nacional: en Santa Fe se sienten los efectos del modelo liberal aplicado desde Nación y el alineamiento provincial frente a esas orientaciones.
Estrategias de subsistencia: múltiples trabajos y endeudamiento
Mientras las grandes industrias resisten —o sucumben—, buena parte de la población santafesina se ve obligada a multiplicar fuentes de ingreso. Un reciente estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) revela que en Rosario y el Gran Santa Fe, la mayoría de mujeres y diversidades sexo-genéricas en barrios populares tienen más de un trabajo para subsistir, casi siempre en condiciones precarias, y muchas de ellas están endeudadas.
Algunos datos del informe:
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El 76% de las personas encuestadas afirmaron que están peor económicamente que el año anterior.
- Alrededor del 27% sostiene dos o más trabajos —muchas veces informales y mal remunerados— para poder cubrir necesidades del hogar.
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El 53% de quienes respondieron son jefas de hogar, y el 60% tienen personas a su cargo (adultos mayores o personas con discapacidad).
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El 68% recurre a préstamos —ya sean bancarios, informales o servicios de billeteras virtuales— para cubrir gastos cotidianos.
- El 85% manifiesta haber modificado sus hábitos de compras. El “ajuste” se realiza en indumentaria y alimentos. La mayoría de los gastos se remiten a la compra de alimentos, lo que se asocia al endeudamiento. El 85% no puede ahorrar.
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El 34% declara tener deudas acumuladas, incluso con comercios, impuestos o familiares.
- El grueso de las personas encuestadas expresó sentir preocupación, angustia, cansancio, estrés, agotamiento, soledad y desesperanza o y falta de expectativas hacia el futuro.
Este fenómeno refleja un proceso clásico de feminización de la pobreza: las mujeres soportan el peso no solo del trabajo remunerado, muchas veces precario, sino también de la carga doméstica, de cuidados y del manejo del presupuesto familiar cuando el ingreso no alcanza.
La crisis las empuja a multiplicar los frentes laborales (limpieza, cuidado, venta ambulante, changas, ferias) en condiciones inestables, sin previsibilidad ni derechos reconocidos, y afrontar deudas con tasas usureras o con redes informales.
Riesgos sociales y formato del desempleo
Más allá de los despidos formales, la crisis laboral en Santa Fe tiende a expresarse mediante:
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Suspensiones y reducciones de jornada: como en el caso de Vassalli, que pactó una jornada de 4 horas provisoria para evitar despidos.
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Atrasos salariales: muchas firmas que aún operan acumulan deudas con sus empleados.
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Subempleo y baja calidad laboral: aumentan los empleos informales, tercerizados o «parciales», sin derechos laborales plenos.
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Brecha de género en el trabajo: las mujeres enfrentan tasas más bajas de inserción formal y mayores dificultades para acceder a empleos protegidos.
- Desigualdad territorial: los efectos se sienten más en el interior de la provincia y en municipios vinculados al sector industrial, donde cierran empresas o se reducen turnos.
Estos modos de deterioro laboral alimentan un círculo vicioso: baja demanda interna, menor producción, más despidos o precariedad, y creciente desconfianza en los mecanismos de recuperación.
¿Qué papel debe asumir el Estado provincial? Propuestas en debate
Para revertir esta dinámica se requieren políticas activas de protección y estímulo, distribuidas estratégicamente. Algunas ideas emergentes del debate público:
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Alivio tarifario y fiscal para pymes
Reducir cargas impositivas locales y tarifas energéticas para industrias con riesgo de cierre puede alentar la continuidad productiva. Pusineri ha destacado la urgencia de tarifas razonables para frenar la caída. -
Créditos blandos y líneas de capital de trabajo
Instituir programas provinciales que acompañen financieramente a las empresas con ventas en retroceso, sin exigir tasas inaccesibles. -
Planes de compra pública y estímulo local
Comprar productos locales para abastecer al Estado (obra pública, instituciones) puede generar demanda decisiva para algunas pymes. -
Programas de reconversión y reindustrialización
Identificar sectores con potencial competitivo y orientarlos hacia agregación de valor, innovación tecnológica o mercados externos. -
Fortalecimiento de la inspección laboral y formalización
Ampliar los mecanismos de fiscalización del trabajo en negro, en particular en territorios vulnerables. -
Políticas con perspectiva de género y territoriales
Diseñar apoyos específicos para mujeres en condiciones de vulnerabilidad (cuidado, capacitación, empleos con protección social) y para economías locales fuera del círculo rosarino. -
Coordinación con municipios y actores locales
Toda política laboral productiva debe articularse con comunas, cámaras empresarias y organizaciones sociales para adaptarse a realidades locales.
La pregunta es si en el horizonte político —provincial y nacional— hay voluntad para reorientar prioridades hacia la productividad con inclusión, y no solo ajuste crónico. La clave es que estas medidas no se queden en anuncios: deben tener plazos, metas y mecanismos de monitoreo para evitar incumplimientos o beneficencia discrecional.
Un punto de inflexión necesario
Santa Fe vive hoy una encrucijada laboral. La crisis industrial avanza con nombres concretos, y las familias en los barrios populares responden con múltiples trabajos y deudas acumuladas. El riesgo político es que el desgaste social se intensifique, y que la pérdida de confianza en las instituciones se transforme en estallido social.
El gobierno provincial no puede limitarse a denunciar el contexto nacional: debe asumir un rol actor, con programas concretos, diálogo estratégico e instrumentos que contengan las urgencias mientras se traza una hoja de ruta sostenible. La apuesta no es solo evitar el derrumbe, sino generar condiciones para una reactivación con justicia social.
