El proyecto de reforma del régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por un bloque de provincias y con media sanción del Senado, propone eliminar la discrecionalidad en la asignación de estos fondos y distribuirlos en forma automática según los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal (LEY Nº 23548). Aunque el Gobierno nacional se ha opuesto formalmente a la iniciativa, argumentando el impacto presupuestario y la pérdida de herramientas de gestión, la mayoría de las jurisdicciones –entre las que se destaca Santa Fe– celebra la posibilidad de garantizar recursos previsibles y transparentes.
Contexto histórico y acumulado de subejecución
Desde enero de 2017 hasta junio de 2025, el Fondo de ATN captó alrededor de $8,6 billones (constantes de 2025), provenientes de un 1% de la masa coparticipable neta y otro 1% del impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, sólo se transfirió el 48 % de esos recursos a las provincias; el 52 % restante –más de $4,47 billones– quedó retenido en las cuentas del Tesoro Nacional. Santa Fe, con un coeficiente del 9,28%, dejó de percibir aproximadamente $415.000 millones en ese período, monto equivalente a casi el 0,1% del PBI provincial acumulado en ocho años.
Beneficio inmediato para Santa Fe
Con la puesta en marcha del reparto automático, la provincia recuperaría de entrada $24.647 millones durante el segundo semestre de 2025, suma que en moneda dura asciende a unos US$ 19,33 millones al tipo de cambio oficial ($1.275/US$). Este “extra” equivale a más de la mitad del presupuesto anual de programas sociales y múltiples proyectos de infraestructura hidroeléctrica y vial logística proyectados para el próximo año.
Costo fiscal y equilibrios macro
A nivel nacional, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, calcula que el incremento total de transferencias para todas las provincias rondaría los $269.465 millones en el segundo semestre de 2025, lo que representa apenas el 0,05% del PBI proyectado para el año. Pese a ser un impacto moderado en términos macroeconómicos, el Ejecutivo advirtió que esa cifra podría crecer si se amplían las partidas o se modifican coeficientes en el futuro. Sin embargo, los gobernadores sostienen que el mecanismo “fija reglas claras” y evita la discrecionalidad que, aseguran, alimenta favores políticos y demoras en obras esenciales.
Implicancias políticas y legislativas
La oposición del Gobierno nacional, encabezada por el Ministerio del Interior y Economía, se basa en la pérdida de flexibilidad para reasignar ingresos en momentos de crisis o emergencia. No obstante, el respaldo transversal en el Senado –que dio media sanción el pasado 10 de julio– refleja el descontento de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe con la forma actual de reparto. En Diputados, la norma fue remitida a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Municipales; los ponentes tienen previsto convocar audiencias con economistas, intendentes y cámaras empresarias durante las próximas semanas.
Ventajas para la planificación provincial
El acceso garantizado a los ATN brindará a Santa Fe una mayor previsibilidad en sus recursos, lo que facilitará la programación de obras de infraestructura estratégica —como proyectos de agua potable, saneamiento y mantenimiento de rutas— sin depender de giros discrecionales. Fuentes del gobierno provincial señalan que, al contar con un flujo estable de fondos, podrán priorizar intervenciones urgentes en salud, educación y redes viales, ajustando la ejecución a las verdaderas necesidades de cada región y reduciendo la incertidumbre presupuestaria.
Situación fiscal actual e impacto del proyecto
El informe del IERAL pone de relieve que tanto la Nación como las provincias exhibieron superávits fiscales en 2024 —equivalentes al 0,3% y 0,2% del PBI, respectivamente—, gracias a una caída del gasto público real del 26% a nivel nacional y del 17% en las jurisdicciones provinciales. No obstante, los datos del primer trimestre de 2025 muestran una divergencia significativa: mientras el gasto nacional se mantuvo prácticamente estable (–0,2% real interanual), las 17 provincias que informaron sus cuentas registraron un aumento del 21% en términos reales. En ese mismo período, los ingresos provinciales crecieron un 10% real, frente a una caída del 2,3% en la recaudación nacional, en buena medida por la eliminación del impuesto PAÍS.
El estudio del Ieral advierte que si las provincias —en lugar de incrementar su gasto un 21% anual real— lo hubieran hecho al ritmo del Ejecutivo (+3% real interanual), habrían liberado recursos equivalentes al 46% de la recaudación de los impuestos distorsivos sobre los Ingresos Brutos y Sellos.
En cuanto al proyecto de distribución automática del Fondo ATN, el análisis concluye que, si bien “no resuelve el problema de fondo, implica un avance acotado y puntual” frente a las inequidades del régimen vigente. Para maximizar su impacto, el Ieral recomienda que los recursos adicionales no se destinen a aumentar el gasto corriente, sino a impulsar reformas que mejoren la competitividad de la producción nacional.
Asimismo, sugiere que las provincias beneficiarias asuman compromisos en áreas clave, como la reducción de la litigiosidad laboral —por ejemplo, incorporando peritos médicos forenses según lo establece la ley 27.348—, y orienten parte de los fondos a mitigar impuestos distorsivos. A modo de referencia, los ATN que se habrían distribuido automáticamente en 2024 equivalen al 16% de la recaudación provincial por Sellos.
De este modo, la reforma de los ATN, más allá de asegurar previsibilidad y transparencia en los giros, podría constituirse en una palanca para profundizar ajustes estructurales que fortalezcan las finanzas provinciales y la competitividad del país.
Informe completo de IERAL
*La fotografía que ilustra esta nota es una de las últimas fotos de la cámara de Pablo Grillo el día donde fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno por parte de las Fuerzas de Seguridad.
