El Gobierno alcanzó en enero el tan ansiado superávit fiscal a expensas de la reducción real del gasto social, que incluye tanto jubilaciones y pensiones, como programas y gastos de personal.
La jubilación mínima en Argentina alcanzará en febrero un valor real -en términos de poder de compra- inferior al registrado durante la crisis económica de la convertibilidad en 2002.
Fuerte ajuste previsional como motor del superávit fiscal
Según explicó la OPC: «Por un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados con las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación, durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior».
Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% año a año en enero y el recorte en los primarios llegó a 30,8% en igual período.
Las jubilaciones y pensiones cayeron 32,5% frente al mismo mes del año pasado, mientras que los programas sociales lo hicieron un 59,6% y los gastos en personal un 18,0% siendo los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas.
El poder de compra del jubilado de la mínima en febrero podría ser menor al del 2002
Según el informe de IDESA, la jubilación mínima en 2002 fue de $83.078 a precios de diciembre de 2023 (esto es, trasladando el poder de compra del peso del último mes del año pasado al pasado para permitir comparaciones).
En contraste, el valor promedio a lo largo del 2023 ascendió a $127.858, ajustado por inflación. Sin embargo, en diciembre de 2023, la cifra descendió a $105.713, evidenciando un deterioro persistente en el poder de compra de las jubilaciones.
Así, con una inflación promedio del 20% en enero de 2024, el valor real de las jubilaciones en ese mes habría sido equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. Esta tendencia sugiere que, para febrero, el valor real de las jubilaciones sería incluso inferior al registrado en el año 2002, marcando el punto más bajo en el siglo XXI.
Problemas que podría generar esta forma de llegar al equilibrio fiscal
El informe de IDESA hace una serie de advertencias respecto a los problemas que puede experimentar esta vía para intentar alcanzar el equilibrio fiscal:
La estrategia de ajuste basada en la licuación de jubilaciones no solo tiene un impacto regresivo y genera tensiones políticas, sino que también incrementa las demandas judiciales contra la ANSES. En ese sentido, destaca que históricamente la justicia previsional no se mostró adepta a tolerar la reducción del valor real de las jubilaciones, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política porque los ahorros alcanzados se pueden revertir en tribunales.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno sigue firme con la meta de déficit cero con el argumento de que es esencial para eliminar la inflación y crear un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo de calidad. Sin embargo, el informe advierte que la percepción de los agentes económicos sobre la viabilidad a largo plazo del equilibrio fiscal es crucial. Las resistencias sociales, políticas y judiciales pueden diluir los beneficios esperados de estas políticas.
Para transitar hacia un equilibrio fiscal más sostenible, IDESA recomienda un enfoque integral que incluya la unificación y simplificación de impuestos, así como la responsabilidad de cada nivel de gobierno de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Además, sugiere eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública.
«Como lo demuestran experiencias pasadas, el ajuste por licuación de jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno», sostiene IDESA.
La situación actual de las jubilaciones en Argentina, según IDESA, refleja una problemática profunda que requiere de soluciones estructurales. La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones no solo afecta a los jubilados, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar un sistema previsional justo y sostenible.